La medida de coerción de tres meses de prisión impuesta a una mujer que supuestamente se practicó un aborto reactiva el debate en torno a la penalización o no de la interrupción del embarazo, un tema pendiente al que la sociedad toda deberá abordar con el mayor sentido de responsabilidad.

Aris Nurys Tejada Ortiz, de 20 años, deberá cumplir la prisión cautelar en una cárcel de Baní, a la espera de ser procesada por supuestamente violar el artículo 317 que castiga el aborto provocado con penas de dos a cinco años de prisión.

Se ha dicho que más de 35 mil mujeres se practican aborto cada año, por lo que si el Ministerio Público resuelve perseguirlas tendría que abarrotar todas las cárceles del país, más aun cuando el Ministerio de Salud revela que esos procedimientos clandestinos provocan el 10% de las muertes maternas en el país.

Grupos feministas reactivaron la campaña contra la penalización del aborto o para que sea permitido cuando el embarazo sea inviable o cuando sea producto de una violación o incesto, a lo que se oponen las iglesias católica y evangélica, en el centro de cuya polémica figura una joven de 20 años reducida a prisión.

La Constitución de la República establece que el derecho a la vida es inviolable “desde la concepción hasta la muerte”, lo que indica que no podría pronunciarse la muerte del feto en ningún caso, aunque quienes se oponen a la penalización reivindican el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado o inviable.

Se señala también la carencia de calidad moral o política del Estado para oponerse o favorecer el aborto en las causales indicadas, porque no aplica políticas para reducir el embarazo en niñas y adolescentes, que suman el 25% entre las parturientas que acuden a maternidades públicas.

El Ministerio Público ha sido negligente en aplicar el Código Penal contra adultos que incurren en el crimen de embarazar a una menor, tampoco debería ser excesivamente celoso contra las mujeres que interrumpen un embarazo, porque no parece justo que el violador esté libre y la violada encarcelada y huérfana de asistencia médica y sicológica.

Gobierno, Tribunal Constitucional, clase política e iglesias están en la obligación de resolver un tema que divide casi por la mitad a la sociedad, o quizás resulte prudente que la población decida sobre tan álgido problema a través de un referéndum. ¿Quién se atreve a arrojar sobre esa muchacha la primera piedra?