En mayo del 2020, al calor de las aprensiones que despertaba el inicio de la pandemia de la covid-19, escribí una columna en la cual advertía sobre nuestra fragilidad institucional para que el Congreso cumpliera con el mandato constitucional de fiscalizar el estado de emergencia.

Esta semana, ante la aprobación de un nuevo estado de emergencia, el senador Bautista Rojas Gómez se ha levantado de su curul y ha reprochado a sus colegas: “No hemos tenido la capacidad de fiscalizar mínimamente los informes del estado de emergencia que llegan cada quince días (…), esto va mal, aquí no se está actuando como debe actuarse (…), vamos a ver si alguno de nosotros se pone de pie cuando leen esos informes que se mandan a una comisión que yo no sé si se ha reunido alguna vez”.

Los artículos 263, 264 y 265 de la Constitución contemplan las situaciones de contingencia en las que se pueden declarar los estados de defensa, de conmoción interior y de emergencia. En cualquiera de las tres casos, el Congreso se mantiene reunido con plenitud de atribuciones, debiendo el Presidente informar de forma continua sobre las disposiciones tomadas y la evolución de los acontecimientos.

Desde el 19 de marzo del 2020, tras el decreto 134-20 proferido por Danilo Medina, el país se adhirió al concierto de más de un centenar de naciones del mundo que han declarado el estado de emergencia como respuesta al impacto de la pandemia.

A partir de esa fecha, los diputados y senadores han concedido varias prórrogas consecutivas de emergencia constitucional al Poder Ejecutivo que limitan o suspenden derechos fundamentales y otorga una serie de poderes extraordinarios al Presidente de la República.

Sin embargo, la realidad es que ha resultado frágil y formalista el control político del Congreso sobre los actos de esos estados de anormalidad constitucional.

En mi artículo de marras, señalaba que la inercia de los legisladores no sólo pone de manifiesto el poco desarrollo institutucional del Congreso para cumplir con el mandato de fiscalización del estado de emergencia, sino que también es una expresión de lo ilusorio que resulta el control en un modelo de presidencialismo en que el Poder Legislativo ha sido desde sus albores reservorio de las apetencias del Poder Ejecutivo.

En palabras del jurista español Luis Gilberto Ortegón Ortegón, “este control resulta muy precario y en la práctica inoperante, producto del régimen presidencial que degeneró en una forma de gobierno presidencialista, que se deriva en el sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo, lo que hace inocuo este tipo de control”.

De manera que el senador Rojas Gómez no habla por boca de ganso, sino que lleva la razón.

Por: Namphi Rodríguez
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