El Comité Político del Partido de la Liberación (PLD) acordó ayer someter un proyecto de ley de modificación a la Constitución, para instituir la reelección y dar paso a la repostulación del presidente Danilo Medina, lo que reabre compuertas a una agobiante confrontación política y jurídica de impredecible consecuencia.

Sustentado en el argumento de que la mayoría de la población respalda una eventual repostulación presidencial, la mayoría de los miembros del influyente órgano peledeísta aprobó convocar a la Asamblea Revisora para modificar la Constitución que el PLD impulsó en 2010.

El Presidente se muestra resuelto a emprender tan difícil empresa en torno a la cual arriesga su más preciado activo, que sin duda es la elevada aprobación que la población dispensa a su gobierno, según la mayoría de las encuestas.

Falta saber el nivel de afectación que esa anunciada empresa reeleccionista tendría sobre el PLD, cuyo presidente, Leonel Fernández, se opone a ese proyecto y mantiene aspiración a encabezar la boleta morada para las elecciones de 2016.

Los partidos Revolucionario (PRD) y Revolucionario Moderno (PRM) han adelantado que sus legisladores rechazarían modificar modificación de la Constitución, lo que representa otro escollo al proyecto de reelección, que requiere de la anuencia de una parte de los congresistas de la oposición.

No basta exhibir resultados favorables de encuestas sucesivas para impulsar un asunto tan serio como el de modificar el Texto Sustantivo para aprobar una repostulación presidencial cuyos efectos colaterales podrían ser infortunados en términos político e institucional.

El presidente Medina, cuya conducta y vocación democrática nadie debe poner en dudas, ha pedido que la propuesta de reelección pase al plano siguiente que sería procurar la aquiescencia del Congreso para modificar la Carta Magna y permitirle presentarse como candidato a los comicios del año entrante, lo que ha sido aprobado por el Comité Político del PLD.

Una sociedad que tiene ingratos recuerdos de repentinas cirugías a la Constitución, aspira a que esta vez, el Presidente y su gobierno garanticen que las gestiones para conseguir objetivo de la reelección se realicen con transparencia, sin malas artes y, claro, sin subastas de conciencia.