El Instituto de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) informó que 72 acueductos que suplen a 26 provincias han disminuido su capacidad de servicio hasta en un cincuenta por ciento a causa de la sequía, a los que se agregan los del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, Espaillat y La Romana.

La carencia de lluvias ha colocado en situación de extrema precariedad el suministro de agua potable, para riesgo y generación de energía, lo que debería llamar la atención de Gobierno y sociedad, muy acostumbrados a dejarse guiar por los oleajes mediáticos que impulsan a conveniencia intereses políticos, económicos o sociales.

El prolongado periodo de sequía podría afectar muy severamente la producción agrícola y pecuaria, como lo avizora el hecho de que en la Línea Noroeste escasea el líquido para saciar la sed del ganado, irrigar plantaciones y, obviamente, para el consumo humano.

Las tomas de agua de los acueductos de Santiago, Monseñor Nouel, La Altagracia, Hato Mayor, y El Seibo, incluidos todos sus municipios, han disminuido hasta en un 66%, lo que acentúa la precariedad en el suministro, al punto de que a muchas comunidades no llega el líquido a ninguna hora del día.

Los embalses de la mayoría de las presas están muy por debajo del nivel de agua requerido para satisfacer demandas de consumo y riego, sin posibilidad de que se aproveche para activar generadores de electricidad. El cuadro no puede ser más dramático.

En lugares donde la sequía ha sido menos cruenta, como la zona noroeste, la disminución en el suministro de agua ha sido superior al 20 por ciento, pero los acueductos de Valverde, Montecristi y Dajabón reducen su almacenaje en un 42%, situación que es mucho peor cuando se refiere a provisión para regadío y crianza.

El ejemplo más dramático sobre sequía y escasez lo representa el incidente escenificado en la zona alta de Sabana Iglesia, donde una multitud cerró la llave de paso de la planta de tratamiento del acueducto del Cibao Central, ubicado en el embalse de Bao, lo que se define como un pleito por el control de agua potable.

Instituciones relacionadas con la producción, almacenaje y distribución de agua deberían activar una mesa de emergencia a los fines de diseñar y aplicar un programa coordinado que ayude a la población y a los sectores productivos a crear conciencia sobre el mal momento y a disminuir en lo posible los efectos ya con ribetes catastróficos de tan prolongada sequía.