Es más que sabido lo que ha significado la cárcel de La Victoria como antro de represión, corrupción, violencia y hacinamiento, entre otras violaciones de los derechos humanos más elementales. Lo que se desconoce es el interés de las pasadas autoridades en inaugurar tres días antes de culminar su gestión un nuevo centro penitenciario, bautizado como La Nueva Victoria, cuando todavía no estaba terminado.

En esa penitenciaría, a la que todavía le faltan unos ocho meses para terminarse y que ha sido rebautizada como Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras, se invirtieron 6,966 millones de pesos.

Sería bueno saber si la inversión que se efectúa para terminar las instalaciones forman parte del presupuesto original. No se concibe que las actuales autoridades tengan que erogar más recursos, sin efectuar una investigación, sobre las supuestas fallas que han detectado en la construcción.

Desde los mismos días de la inauguración el antiguo coordinador del Modelo de Gestión Penitenciaria, Roberto Santana, denunció que la obra no solo no se correspondía con los estándares internacionales de los recintos carcelarios, sino que había sido permeada por la corrupción. La definió como un gallinero.

Sin embargo, no se conoce de que las autoridades hayan dispuesto investigación alguna para determinar la veracidad de la denuncia y establecer responsabilidades. Más bien han acogido, casi con beneplácito, la conclusión de una obra que tanto ha dado de que hablar.