La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, no hizo más que ajustarse al mandato de la ley al disponer que las multas a los acusados de violar el toque de queda sean decididas por un juez de paz y no por la Policía.
No se trata, como se ha interpretado, de una flexibilización de las sanciones a quienes infrinjan el estado de excepción. Conforme a ley general de salud las multas se mantienen entre uno y 10 salarios mínimos, pero en lugar de ser impuestas por un juez la decisión será de los tribunales.
Con el caso de las sanciones ha habido muchas quejas con la actuación de los agentes del orden, a quienes se ha acusado de detener personas por el simple hecho de no llegar a tiempo a la casa o cualquier simple inconveniente.
E incluso se ha denunciado hasta extorsión de policías. Ajustar las decisiones a los cánones legales era lo que procedía.
El Nacional
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