La exclusión de la magistrada Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia no representa el punto final de la burda ofensiva para desacreditarla emprendida por la Procuraduría General de la República. Al estilo el Foro Público, contra Germán se apeló a unas denuncias supuestamente anónimas para cuestionar su trayectoria, como su amistad con el exministro de Obras Públicas y extesorero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa, y con el alegado narco Richard Molina Ovalles.
Pero en el interín se ha dejado una estela de cabos sueltos que ensombrece más la oscuridad.
El Ministerio Público no tardó en desechar los anónimos y la acusación del juez José Gregorio Bautista Vargas, quien dijo que la magistrada había intercedido a favor del imputado por narcotráfico Winston Rizik, para asumir la infame embestida contra Germán.
En su estrategia dejó de lado la relación de la exmagistrada con Díaz Rúa porque se encontró que ella había votado en contra de que se archivara el expediente por corrupción contra el exfuncionario. Y también desechó las imputaciones de Bautista Vargas porque este carecía de mayores créditos después que Estados Unidos le cancelo el visado por su papel en el caso que denunció y porque también estaba sometido a la justicia. Como único recurso en el despropósito de empañar la imagen de la juez le quedaba el expediente de Molina Ovalles.
La Procuraduría rastreó el prontuario desde sus orígenes.
Encontró desde la doble identidad hasta la simulación de su muerte en 2014, cuando se hacía llamar Richard Gloss Ovalles, la resurrección como Richard Molina Ovalles y la construcción de una casa a Germán en San José de Ocoa.
El eslabón se pierde o las piezas dejan de encajar cuando el 24 de noviembre de 2018 se solicita autorización para espiar el número telefónico de un individuo solo conocido con las iniciales BNI por supuesta violación de varios artículos de la ley de drogas.
Cuesta aceptar que el Ministerio Público, que estaba al tanto de los más nimios detalles del caso, no supiera que el teléfono intervenido correspondía a la magistrada ni que Molina Ovalles estaba muerto desde hacía nueve días.
Sin un expediente abierto ni estar siendo perseguido en el país, Germán Brito no tenía que saber que esa persona que le construyó la casa tenía antecedentes en Estados Unidos por posesión de heroína y falsificación.
La Procuraduría sí tenía que saber si Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles estaba vivo o muerto cuando solicitó la interceptación del número telefónico que correspondía a la exmagistrada. ¿Por qué se ha tratado de empañar la imagen de Germán Brito con infamias cuando para destituirla solo bastaba con una orden? Algún día se sabrá, porque la historia se ocupará de colocar cada pieza en el rompecabezas.