Unos 300 mil extranjeros se acogerían al Plan Nacional de Regularización Migratoria, conforme proyecciones del Ministerio de Interior, que incluye a 60 mil expedientes que audita la Junta Central Electoral (JCE), de personas inscritas de manera irregular en el Registro Civil.

El ministro, José Ramón Fadul, ha reiterado que el Gobierno no otorgará prórroga para los extranjeros que al vencimiento del plazo no se inscriban en ese Plan de Regularización, lo que obliga a contabilizar la cantidad de residentes irregulares que se han acogido a esa normativa.

La JCE habría concluido los expedientes de 8,745 extranjeros que fueron beneficiados por la ley de naturalización para que sean inscritos en el Libro de Extranjería, aunque se afirma que más de 60 mil habrían sido asentados de manera irregular en el Registro Civil.

Cuando aún falta más de cuatro meses para que concluya el plazo de inscripción, el Plan de Regularización Migratoria ha acogido a 130 mil indocumentados, una cifra que debe definirse como considerable, aunque las expectativas eran mayores.

La carencia de documento de identidad que afecta a la mayoría de los indocumentados haitianos ha sido obstáculo insalvable para que puedan acogerse al programa de regularización migratoria, una falta imputable al Gobierno de Haití.

Una sentencia del Tribunal Constitucional y la ley que aplica sus disposiciones establecen que los hijos de extranjeros indocumentados nacidos aquí deben inscribirse en el Registro de Extranjería para poder obtener el estatus de naturalizado dominicano, con excepción de aquellos que obtuvieron de buena fe sus documentos en el Registro Civil.

La Constitución de la República niega el jus solis (derecho de suelo) a hijos de inmigrantes indocumentados, pero el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta de la naturalización para esas personas en condición de residentes irregulares. Es ese el único camino para remediar la situación de esos ciudadanos, porque la Carta Magna es inviolable y de interpretación estricta.

Es claro que el Estado dominicano no acepta presiones internas o externas para que borre de la Constitución la prevalencia del jus sanguinis (derecho de sangre), ni para que abdique a su prerrogativa de imponer control migratorio y establecer los alcances de la nacionalidad dominicana.