Como miembro del Comité de Comunicación de la Red Socioambiental Nacional he participado en varios foros auspiciado por la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc (SOECI) y por la Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde se presentan y discuten el impacto que algunas de las leyes dominicanas tienen en los derechos humanos, en nuestros recursos naturales, y en especial, el impacto en el patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, que es el agua.

El foro más reciente se celebró en la Facultad de Ciencias de la UASD, el 15 de enero del 2023 bajo el título “Segundo Taller sobre la Ley Ordenamiento Territorial”; ley que fue aprobada y promulgada “a todo vapor” el 22 de diciembre por la actual administración como sugirió la abogada y vocera de la Red Socioambiental Nacional, Altagracia Paulino en el artículo publicado en El Sol, el 3 de febrero con el título “Fallas en la Ley de Ordenamiento Territorial”.

Después de revisar la información obtenida en el primer y segundo foro y en el extenso texto de la Ley de Ordenamiento Territorial de la República Dominicana (368-22) y después de leer varias de las opiniones publicadas sobre esta ley, creo que es necesario declararla inconstitucional, detener su implementación, reintroducirla y llevarla a una vista pública.

He aquí algunas de las razones por las cuales creo que su anulación es necesaria.

Primero, la ley parece faltarle transparencia y participación ciudadana. Por la naturaleza de la ley, esta debe ser orgánica, debatida en un proceso abierto y democrático, donde los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones. Sin embargo, la ley actualmente en discusión parece haber sido redactada sin la suficiente participación de la comunidad y parece haber sido impulsada principalmente por intereses empresariales y de desarrollo. Esta simple torpeza es suficiente para declarar la presente ley de antidemocrática y nula.

Segundo, la ley parece no haber tomado en consideración el impacto ambiental. La República Dominicana es un país con una rica biodiversidad y una variedad única de ecosistemas, y es importante que cualquier ley que afecte el uso del suelo considere cuidadosamente cómo afectará el medio ambiente. Sin embargo, la ley actual no parece tener suficientes medidas para proteger el medio ambiente ni para garantizar que los impactos negativos sean mitigados.

Felipe Lora Longo