Monseñor Agripino Núñez Collado y el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, reinician una cruzada para intentar convencer a la clase política sobre la imperiosa necesidad de aprobar la Ley de Partidos Políticos, que lleva más de diez años archivada en el Congreso Nacional. Se trata de una trascendente iniciativa legislativa que garantizaría democracia interna en los agrupamientos partidarios y transparencia e igualdad en las elecciones presidenciales y congresuales, pero que, por razones ocultas, el liderazgo político rehúsa impulsar su conversión en ley.

Ese estatuto impediría el uso desaforado de recursos procedentes de las arcas públicas o de actividades ilícitas en favor de determinadas candidaturas, que además serían elegidas o seleccionadas al amparo de rígidas reglas democráticas.
Aunque la mayoría de los líderes y dirigentes de todos los partidos proclaman su adhesión con ese proyecto de ley, la verdad es que detrás de las cortinas procuran que nunca sea conocido, porque prefieren un escenario selvático o anárquico como escenario de confrontación electoral.

El espacio democrático ha alcanzado tal madurez que ya requiere de una ley moderna y funcional de partidos y agrupamientos partidarios para que esas instituciones del sistema sean vacunadas contra el grupismo, transfuguismo, corrupción y fraude.
Se define como oportuno y útil el esfuerzo que encaminan monseñor Núñez y el doctor Rosario para intentar convencer a la cúpula partidaria sobre la necesidad de respetar un acuerdo firmado en 2012 en el que se suscribió el compromiso de impulsar y aprobar esa ley.
Es menester advertir que ese estatuto garante de la democracia política sería objeto de consideración por la plutocracia política, si la sociedad toda se empodera de su contenido y ejerce decidida presión para que sea convertido en ley este mismo año e implementado en las elecciones de 2016.

Se requiere poner fin al circo de hipócritas instalado sobre el escenario político por líderes, dirigentes y bufones que dicen asentir el proyecto de Ley de Partidos, pero que en la práctica obran en su contra. Es gente que teme a la transparencia y al orden, como Lucifer a la cruz.