El director general de Impuestos Internos advirtió este jueves que la propuesta de modificar el estatus que tienen los técnicos y empleados de esa entidad, amparados en la ley que le dio autonomía presupuestaria, ha creado incertidumbre entre éstos, por lo que dijo está en manos del Congreso Nacional decidir si el trabajo de más de ocho años en esa entidad para modernizar y transparentar la actividad recaudatoria se echa a un lado.

El licenciado Juan Hernández dijo que para solucionar esa situación lo único que tienen que hacer los legisladores es sacar a la DGII de las entidades a las cuales se aplicará la Ley General de Salarios que está en proceso de discusión en el Congreso Nacional.

Creo que en el Congreso sabrán lo que van a hacer con la ley, si quieren pueden dañar lo que se ha hecho, dijo.

Al intervenir esta mañana en el programa Uno más Uno por Teleantillas, entrevistado por Juan Bolívar Díaz y Dignora Peguero y emplazado acerca de que su posición parecería ser que teme que la propuesta busque hacer daño a la DGII, el licenciado Hernández dijo que yo estoy convencido de que la van a dañar.

Hernández dijo que la escala salarial existente en la DGII es lo que ha permitido que a esa entidad trabajen técnicos especializados provenientes de empresas del sector privado.

Indicó que tras la obtención de la autonomía presupuestaria la DGII pudo implementar una serie de medidas que han sido las que han permitido hacer más eficientes las recaudaciones.

Citó que la aplicación de mecanismos como el cobro de ganancia de capital, la colocación de las impresoras fiscales y otras, que dijo por ley pudieron hacer sido aplicadas desde el año 1992 y esto no había ocurrido por la carencia de personal calificado y de un adecuado ambiente de trabajo.

Dijo que luego de varios estudios, se estableció que en la DGII había que homologar los salarios con el sector privado, de manera tal que un técnico de la entidad tuviera el mismo salario que otro que ocupara esa misma posición en el sector privado.

Hernández cuestionó además la intención de que el salario más alto en el sector privado sea el del Presidente de la República y que a partir del mismo, todos los demás funcionarios tengan salarios iguales.

En forma irónica cuestionó ese parecer al indicar que cuando se fuese bajando desde el Presidente hasta los Directores Generales, entonces yo ganaría lo mismo que el Director de Ornato.

Se le planteó que eso sería compensado a través de una serie de mecanismos existentes en la propuesta legislativa, a lo que también se opuso, al estimar que muchos de esos incentivos propuestos son inconstitucionales.

Cuestionó además que mientras las evaluaciones en la DGII para el personal son dos veces al año y en ocasiones hasta trimestrales, en correspondencia con las metas de la entidad, lo que implica incrementos salariales proporcionales, en la propuesta de la Ley General de Salarios esos evaluaciones serían cada tres años y los incrementos a discreción de quien evalúa.

Reiteró que para esa entidad, lo mejor es que la dejen fueran de la aplicación de esa ley.

UN APUNTE

Que decida el Congreso

El licenciado Hernández dijo que el Congreso es soberano, que está en capacidad de determinar lo más correcto en relación a vulnerar la autonomía presupuestaria de la DGII, lograda hace pocos años con excelentes resultados lo que a su juicio ocurría si es incluida en nueva ley.