Sin importar quiénes iniciaron o provocaron los violentos incidentes de ayer frente al Congreso Nacional, por la magnitud de esos sucesos y porque la Policía no produjo ninguna detención se llega a la penosa conclusión de que aquí no hay voluntad ni valor para imponer ley y orden.
Miembros del Sindicato de Trabajadores de Falconbridge y seguidores del diputado Juan Hubieres y del padre Rogelio Cruz protagonizaron un enfrentamiento a tiros, pedradas y puñetazos, con saldo de un herido de bala y dos por impacto de piedras.
Ambos grupos coincidieron en el lugar, uno a favor de que el Senado apruebe la ley que decretaría a Loma Miranda como parque nacional y el otro para reclamar que se autorice la explotación minera de ese promontorio, pero en vez de ejercer democracia y tolerancia, en lo que se incurrió fue en violencia y desorden.
El diputado Hubieres alegó que sus huestes llegaron primero a la explanada del Primer Poder del Estado, por lo que la presencia posterior de trabajadores de Falconbridge se interpretó como una provocación, como si manifestaciones pacíficas adquieren derecho de exclusividad o de exclusión para otras.
Un contingente policial tuvo que intervenir para evitar que legisladores, empleados y visitantes a la sede congresual y otras dependencias del Centro de los Héroes quedaran atrapados en el fuego cruzado, muertos o heridos por algún impacto de bala o de piedra. Después de esos vergonzosos incidentes, Hubieres, el padre Rogelio y otros jefes de esas improvisadas tribus ofrecieron sus versiones ante la prensa como si lo ocurrido pudiese ser comparado con alguna olimpiada deportiva o si alguien le confirió autoridad para convertir los frentes del Congreso en un coliseo romano.
El derecho propio termina donde comienza el ajeno y la democracia manda igualdad de oportunidad y garantía para cualquier individuo o colectividad que desee reclamar reivindicación social, económica o política, siempre por vía pacífica, ordenada y con arreglo a la ley.
Lo penoso e indignante de todo lo acontecido es que Policía ni Ministerio Publico han apresado o reclamado investigar a quienes instigaron u ordenaron los desórdenes de ayer frente al Congreso de la República, lo que valida el criterio generalizado de que aquí no hay ley ni orden.
