Aunque sin vinculación, los desórdenes ocurridos ayer en los frentes del hospital Darío Contreras, Fiscalía del Distrito y Procuraduría General, tuvieron en común la vocación a la violencia y violación a la ley por parte de los protagonistas de esos incidentes.

No es aceptable que trabajadores nativos o extranjeros irrumpan por la fuerza en una construcción para reclamar supuestos derechos conculcados y que también traten de impedir a las autoridades imponer orden y auxiliar a heridos.

Tampoco debería permitirse que mentados sindicatos de choferes en pugna por el control de rutas del transporte congreguen a centenares de sus afiliados en los frentes de la Fiscalía y Procuraduría donde impidieron el libre tránsito y trastornaron el sosiego ciudadano.

Seis trabajadores haitianos sufrieron heridas de perdigones disparados por guardianes que custodian el edificio del hospital traumatológico objeto de reconstrucción quienes repelieron una irrupción de decenas de obreros que protestaban por el anuncio de reducción de personal.

Los manifestantes impidieron por más de dos horas que sus compañeros heridos fueran trasladados a un hospital, una situación similar a la ocurrida hace meses en el barrio 27 de Febrero, cuando una turbamulta trató de impedir el levantamiento de un cadáver por parte de las autoridades.

Aunque no se produjeron actos de violencia, la congregación de transportistas en el Palacio de Justicia y sede del Ministerio Publico se interpreta como escarceo relacionado con enfrentamientos entre grupos choferiles que llevan saldo de varios muertos y heridos.

Es lógico que prevalezca el temor de que los lugares donde se congreguen grupos que se acusan mutuamente de sicariato, homicidio, tráfico de drogas y de combustibles, se produzcan enfrentamientos o cualquier acto de violencia.

Falta saber si contratistas de la remodelación del Darío Contreras cumplieron cabalmente con la ley que prohíbe emplear extranjeros indocumentados o si el pago a esos trabajadores era menor al establecido en tarifas salariales. Esos desórdenes tienen en común la violación a la ley y la falta de autoridad.