Los estados de Arizona, Alabama y Georgia, en Estados Unidos, han implementado o están a punto de implementar leyes migratorias notoriamente fuertes y controversiales. Los resultados obtenidos pueden ser considerados un éxito total desde el enfoque que las motivó. Sin embargo, las consecuencias inesperadas e inmediatas pudieran demostrar que el tema de la inmigración ilegal no es tan simple como muchos plantean, y pudiera siempre terminar más dañina la medicina que la enfermedad.

Las legislaciones comparten disposiciones sobre la revisión del estatus migratorio en hospitales y escuelas, admiten la detención e interrogatorio de personas sospechosas de no tener status migratorio legal, entre otras disposiciones draconianas. El resultado ha sido que miles de inmigrantes ilegales y legales han abandonado puestos de trabajo, escuelas y casas, optando por esconderse en sus hogares, o directamente irse a otros Estados.

Lo que los legisladores que dieron paso a estas leyes no esperaban, es que de repente los granjeros en esos estados eminentemente agrícolas, no sólo se han quedado sin empleados, sino que enfrentan serias dificultades para conseguir nuevo personal, a pesar del desempleo bien por encima del 9% en esas zonas, empezando la producción a pudrirse. Esto ha sido un golpe devastador a sus economías, ya calculado en miles de millones de dólares, siendo ese desastre solo la punta del iceberg.

En República Dominicana, no muy distinto a Arizona, Alabama y Georgia. Se tiene la idea de que los inmigrantes ilegales han sacado a los locales la construcción y la agricultura. La realidad es que la mano de obra local no sólo no sería suficiente para cubrir las vacantes que pudieran surgir de la expulsión total de los inmigrantes ilegales, sino que es probable que siga su progresivo declive mientras continúe en expansión el urbanismo, el acceso a la educación y aprendizaje de otras habilidades, y que la mano de obra local que sí existe opte por otros trabajos de baja habilidad que pagan mejor (como conchar) o realizar el mismo trabajo en países donde se paga hasta 55 veces más por lo mismo.

Las leyes de los tres estados sureños en Estados Unidos aún son nuevas y están siendo sometidas a severas impugnaciones que ponen en suspenso su supervivencia. Sin embargo, ya el impacto se hace palpables, y nos presentan una formidable oportunidad de evaluar los resultados de leyes anti-inmigración drásticas y más importante aún, valorando sus consecuencias.

Aún en Arizona, Alabama y Georgia faltarán por conocer el impacto real a nivel fiscal (en gastos y recaudaciones), en el consumo, el reflejo de la decaída productiva y sus efectos en los precios y, quizás más importante aún, el impacto social y humano. República Dominicana, como país con problemas migratorios, tendrá mucho que aprender de lo que ocurra allá y ver qué funciona y qué no tanto, para poner fin a muchos mitos y avanzar hacia una reforma que constituya una solución definitiva y efectiva al problema, quizás finalmente dejando atrás el racismo que domina la política.