Para juzgar a Danilo
(II)
Si en más de 20 instituciones gubernamentales no se encuentra ningún documento comprometedor, ni las 90 menciones de Danilo Medina son válidas jurídicamente, sin el más leve resquicio. Si tampoco lo son las confesiones de exfuncionarios y otros sujetos, ¿podrá entonces ser juzgado por complicidad con el peculado, negligencia en los actos de malversación, o por nepotismo?.
El artículo 146 de la Constitución avala el proceso contra el exmandatario, cuando expresa que “será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
Idénticamente, el Código Penal tipifica la negligencia, la prevaricación, la coalición de funcionarios, la falsedad de escritura pública, las sustracciones cometidas por los depositarios públicos y la asociación de malhechores. Fija multas y reclusiones de hasta 30 años.
Destilando sus esfínteres, se escurre un concentrado concierto volátil en Medina y los súbditos suyos, que actuaron como un caballo desbocado en la sabana, sin límites…
Con las operaciones Antipulpo, Medusa, Caracol, Larva, Coral y Coral 5G, el Ministerio Público acrecienta su credibilidad, y los hechos demuestran que los que se roben los recursos del patrimonio estatal cruzarán por la guillotina de la desvinculación oficial y serán puestos al desnudo en los auditorios colectivos, sollozando como alacranes borrachos.
La gestión de Medina franqueó con una carga de estiércol. Esta es mi percepción, que absolutamente nadie puede ponerle cortapisas, aún con la sentencia real o ficticia de un juez. En el 2012 voté por él, y ahora me siento burdamente timado, en el cofre del estupro.
Sería nefasto que no fuera enjuiciado. Confiamos en que el Ministerio Público cumpla su palabra, como hasta ahora: “Todo el que tenga responsabilidad penal será objeto de un proceso, sin excluir absolutamente a nadie”.
Su inmunidad como diputado del Parlacem no impide que sea sentado en el banquillo de los inculpados. Luego de ser ventilado por la Justicia, el expediente sería presentado a este foro regional, para su verificación y suspensión de la citada invulnerabilidad.
En tanto el hecha va y viene, el Ministerio Público marca un hito: 1) Expone una trenza delictiva inédita; 2) Decomisa miles de millones de pesos y dólares, y bienes muebles, y 3) Aprehende y somete a ex funcionarios, lo que servirá de escarmiento a los actuales gubernamentales, para comenzar a adecentar la administración pública.
La finquita de Arroyo Cano mutó, en el vasallaje de una ebriedad sin deslinde, en una gran hacienda/feudo. En ese engullir, el Ministerio Público se crece con expedientes robustos. La mayoría cree en las escandalosas imputaciones, refrendadas por jueces que dictan medidas de coerción. Derrumban las escaramuzas de abogados pecuniarios, que fanfarronean en la pantufla de una pantomima rebosada de Damajuana.