Policía/derechos humanos ayer y hoy

Cerramos los ojos, contemplando los amaneceres y anocheceres terroríficos de la década de 1970 en Barahona, cuando –siendo un imberbes- desde una organización maoísta pro-china y los clubes culturales contendíamos contra las crueldades de los “gorilas” policiales, y ahora -50 años después- los abrimos en una terraza en la cual todavía se esparcen remanentes de una época que dejó traumas, y mártires reverenciables.

Entre 1966 y 1978 del régimen de Balaguer, la violencia alineó como una política de Estado para apisonar a los adversarios y sofocar las protestas ciudadanas: 1) Asesinatos extrajudiciales, 2) Protección de uniformados involucrados en crímenes, 3) Desapariciones “forzadas” frecuentes, 4) Colocación de panfletos comunistas y armas a adversarios, 5) Incursiones abruptas en residencias, 6) Arrestos sin oportunidad de avisar a familiares y prisión por más de 48 horas sin acusación ante un Juez, 7) Policías infractores juzgados por tribunales policiales, 8) Redadas indiscriminadas, 9) Elaboración de sumarios penales basados en torturas, y 10) Negación de libertad dispuesta por jueces.

Más de 50 años después de aquellas vivencias, continúan las precitadas acometidas, con mucho menor grado y con novedades, en la individualidad de miembros de las fuerzas públicas. Ahora las ejecuciones son por alegados intercambios de disparos con perseguidos por robos y otros delitos; torturas con bolsas plásticas en la cabeza; colocación de drogas y armas a sospechosos de tráficos y masificación de las intervenciones telefónicas irregulares.

Parte de la Constitución y las leyes son desobedecidas por policías, fiscales y jueces corruptos. La herencia cultural de los colonizadores y viejos caudillos, caciques y tiranos de reprimir con el tarugo para imponer el orden y la autoridad, sigue gravitando como una fatalidad, en evidentes prórrogas generacionales.

La Policía guarda en sus bóvedas los actos más sangrientos –que no acaben en su museo-, y acumula el más largo y ancho porcentaje de impunidad. Se estampa como la instancia número uno en quebrantar derechos y segar vidas.

Los esfuerzos para forjarla como confiable han sido apreciables pero, increíble, menos del 10 % de los desmanes son ventilados en los tribunales, y ante salvajadas ruidosas agentes son apresados y destituidos.

La más aconsejable política pública para que los policías respeten los derechos humanos son: 1) garantizarles equilibrio mental, con salarios dignos; 2) horarios más humanos, 3) más adiestramiento e incentivos del especialismo, 4) emplear armas no letales, que no provoquen daños físicos ni psíquicos, y 5) extender los trabajos con las comunidades.

Para proteger a la ciudadanía, la Policía no tiene que hacer ningún despojo para sacudirse del maleficio, ni ponerse otro nombre. Basta cambiar de cultura y métodos repulsivos que, en ocasiones, son marciales. Comencemos con los mencionados, y otros que sean pertinentes.

Por: Oscar López Reyes
oscarlopezperiodista@gmail.com