Manuel Arturo Peña Batlle comenzó en la política en el partido nacionalista de Américo Lugo. Inmediatamente Horacio Vásquez dijo que no eran cuatro, sino seis, los años que le correspondían a su gobierno, el experto en fronteras renunció a su agrupamiento partidario, lanzándose a apoyar el despropósito horacista, que tuvo como consecuencias la Revolución del 1930 y la posterior llegada al poder del tirano Trujillo.

Derrotado el caudillo mocano en sus aspiraciones de aumentar el período, Peña Batlle guardó un patético silencio de varios años, hasta que Trujillo se «apiadó» de él, y lo colocó en el tren administrativo, logrando el sátrapa con ese nombramiento, contar con un adulador incondicional veinticuatro siete.

En las lides estatales del país, «lo realmente pasado es lo socialmente aceptado», lastre heredado de la época de Concho Primo y elevado a la máxima potencia durante el trujillismo, que hace que para mantenerse en un puesto público se requieran argucias que nada tienen que ver con el desempeño en la posición, la capacidad o la honestidad.

Al parecer quienes más padecen de esta penosa realidad son nuestros guardias, que sufren ese desatino diariamente. Los civiles, conocedores de esa debilidad institucional, se aprovechan de los uniformados en sus inconfesables planes y proyectos.

Resulta desalentador y triste la práctica del mayor general Juan Manuel Méndez García, director del COE —quien cuenta con una dilatada carrera como servidor público, pero que luce no ser «suficiente» para detentar el puesto—, de mantenerse pregonando que el presidente Luis Abinader es el «mejor estadista de todos los tiempos», simplemente porque el mandatario…lo llamó a su celular (¿!).

Mientras Méndez lisonjea sin parar, los bomberos exhiben grandes precariedades en su trabajo cotidiano, la Defensa Civil languidece sin dolientes y el 911 se desploma por falta de recursos.