Publicidad estatal y derechos

Como el productor televisivo tenía una cita en el Palacio, seleccionó su mejor traje, se arregló bien la corbata, peinó los bigotes y se miró en el espejo residencial. Le exigieron más de 50 mil pesos en papeleos, y en el segundo encuentro se le cayó el bolígrafo. En vez de 250 mil pesos mensuales, el contrato era por 30 mil, por tres meses, menos el 18% de itbis y el 10% de la renta. ¡Ah….! El 50% restante era para el canal.

Al año, el encargado del cobro –con la recompensa de que el otro 50% fuera para sí- reprochó al productor, porque lo había puesto a pasar trabajo, inútilmente. Paralelamente, la DGII mandó una notificación con una deuda –superior a la suma a cobrar- por retraso en el pago del anticipo. ¡Huerta… !El mensajero se hundió en la tirantez, y enrostró al comunicador que le había perjudicado por su escasa habilidad, y que un colega “recibe un millón” por acá, “dos millones” por allá y “tres millones” por acullá, y mes cumplido, mes desembolsado.

Por desconocimiento, el codificador audiovisual no solicitó, hace unos años, amparado en la Ley de libre acceso a la información, los presupuestos administrados por los últimos ministros administrativos de la Presidencia, los mecanismos y por qué tanto favoritismo para poquísimas personas.

Tampoco atinó a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, por discriminación, privilegio y tráfico de influencias. La Ley 340-06 sobre compras y contrataciones del Estado requiere equidad, participación, transparencia, moralidad y buena fe.

La Constitución también auxilia. En su artículo 39 expresa que las personas “gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidad”, y que “la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos y de sus virtudes”.

En los últimos ocho años desaparecieron unos 500 programas de televisión y radio, así como periódicos y revistas, por el anticipo del 18% de itbis, los cambios tecnológicos, el acaparamiento publicitario y la Covid-19.

Para acabar privilegios, redivirlos y facilitar su recomposición sería útil estudiar medidas en favor de los medios: 1) Establecer un instrumento equilibrado/rotativo y transparente para la distribución del pastel publicitario; 2) Suprimirles, por un tiempo prudente, el itbis, y 3) Promover una ley que regule la publicidad estatal.

Esas disposiciones alejarían de la etapa más convulsionada de la prensa: la Anexión a España (1861-1865), en que apenas se editaron cuatro periódicos menudos, por la economía de guerra.

Ahuyentemos esos paralelos y perjuicios fatales en esta economía
pandémica, con viso de guerra.

Por: Oscar López Reyes
oscarlopezperiodista@gmail.com