Como si no bastara con la abigarrada división política del territorio nacional, se pretende ahora subdividir en tres a la provincia de Santo Domingo con el recurrente objetivo de crear inhábiles y costosas burocracias que serían financiadas con el dinero de los contribuyentes.
Un territorio insular relativamente pequeño cuenta ya con 31 provincias y un Distrito, pero si fuera por muchos legisladores y políticos, cada barrio tendría la categoría de municipio y cualquier traspatio, de distrito municipal.

La diputada María Aracelis Duarte apadrina un proyecto de ley que crearía las provincias Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella para lo cual se destriparía al Santo Domingo Este del que se extraerían las comunidades de Villa Mella, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Los Guaricamos y La Victoria.

Esa legisladora arguye que con la creación de esas provincias se contribuiría a una justa y adecuada distribución del Presupuesto General del Estado, como si equidad significa ampliar una macrocefálica burocracia, que incluiría edificaciones y personal para cabildos, justicia, fiscalías, gobernaciones y otras oficinas públicas, asimismo más senadores, diputados, síndicos y regidores.

La mejor redistribución del ingreso público no se alcanza con la creación de más división territorial, sino con efectivas políticas públicas que se aplican a través de las instituciones y órganos oficiales ya instituidos. Ese proyecto lo que pretende es dividir y subdividir la miseria y la marginalidad para que sean administradas por una voraz burocracia.

Cada vez que el pastel de la administración pública no alcanza para saciar los vientres del clientelismo político, se acude al expediente de elevar la categoría de comarcas que antes y después de esas lentejuelas padecen de las mismas penurias, en tanto que membresías partidarias pelean por devorar los cargos públicos que se crean a cuenta y pago de los ciudadanos.

Al ritmo que se pretende seguir, pronto República Dominicana tendría más provincias que China, Brasil, la India o Rusia, y un senador o diputado representaría los intereses de dos o tres callejuelas que tendrían más funcionarios que habitantes. El Congreso de la República está compelido a rechazar el despropósito de crear otras dos provincias adyacentes al Distrito Nacional y desalentar cualquier tipo de iniciativa similar en cualquier lugar del territorio nacional, porque hasta prueba en contrario, no estamos locos.