La ley 10-04 del 20 de enero de 2004, y su Reglamento No. 06-04 del 20 de septiembre de 2004 Sobre la Cámara de Cuentas, establece en su Artículo 3.- “Recursos Públicos.

Para los fines de la presente ley, se entenderá por recursos públicos la totalidad de los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y derechos que pertenezcan al Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de donde procedan, incluyendo los provenientes de los préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier título, realicen a favor de aquellas personas naturales, jurídicas u organismo nacionales o internacionales”.

Como se puede apreciar, el concepto abarca una gama amplia y diversa; eso significa que se requiere implementar y mantener, controles especiales y eficaces a fin de garantizar su integridad y salvaguarda.

Es importante destacar el impacto que tendría para la economía el buen uso de los recursos públicos. De ahí que, la Constitución establezca en su artículo 246, como unidad de control y fiscalización de los fondos públicos el Congreso, control político; Cámara de Cuentas, externo; Contraloría General de la República, interno, y la sociedad a través de los mecanismos establecidos.

No obstante, la existencia de esa estructura la corrupción ha estado erosionando el Presupuesto de manera permanente. ¿Cuáles son las razones que explican esa infausta realidad?.

A mi modo de ver, se debe a que no se cumple lo establecido en los artículos 245 y 246 de la Constitución Dominicana; en síntesis, las fallas son: Primero, el Congreso no cumple con el rol que le ordena la Constitución en cuanto al acompañamiento que debe darle a la Cámara de Cuentas; segundo, la Cámara de Cuentas está afectada por falencias estructurales que la inhabilitan para cumplir eficazmente su papel, tercero, la Contraloría General de la Republica esta invalidada, porque participa en el proceso que le toca auditar, y cuarto, la sociedad carece de legitimidad, toda vez, que una parte de sus dirigentes y exdirigentes son funcionarios públicos.

Esos obstáculos dificultan que el país pueda contar con la ejecución efectiva y eficaz del sistema de control fiscal de los recursos públicos, los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.