Llevamos casi tres años hablando sin cesar de la inteligencia artificial, y si bien tiende a verse esta tecnología en un contexto más global, usualmente ubicándonos en Estados Unidos, Asia o Europa, la realidad es que también hay incidencia a nivel local, y es necesario discutirla.
Aun cuando no se tenga un entendimiento profundo de la cuestión, es un hecho que la inteligencia artificial se usa en el entorno dominicano a cada nivel imaginable, desde el entorno empresarial hasta el gubernamental, sin olvidarnos de usos a nivel personal a través de smartphones equipados con esa funcionalidad y de herramientas de uso común como ChatGPT y Gemini de Google.
Hay, incluso, una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que fue presentada de manera un tanto grandiosa por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC) en octubre 2023, sin que haya vuelto a mencionarse mucho desde ese entonces.
A nivel local, podría decirse que el conocimiento general de lo que es inteligencia artificial, su funcionamiento e implicaciones, no pasa de ser algo muy básico, sobre todo en ciertos grupos demográficos y socioeconómicos que no tienen, quizás, el debido acceso a esas herramientas o a informaciones pertinentes sobre su uso.
La ignorancia sobre la IA no se limita a esos grupos ya mencionados, sino que se observa, curiosamente, a nivel oficial y profesional, y es notorio cuando se reporta el aparente uso de herramientas como ChatGPT para elaborar leyes y legislaciones, sin someterse esos textos a las revisiones o correcciones de lugar.
La idea de leyes generadas por la IA no solo mueve a preocupación, sino que da a entender que la posibilidad de un mundo dominado por IA, sin intervención humana, es muy real. En este punto es válido preguntarse en qué invierten su tiempo los legisladores y cuál es la pertinencia de hacer elecciones, pero ese es tela para otra ocasión.
Quizás es el hecho de que hay leyes nuevas aparentemente hechas con IA lo que ha llevado a Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, a expresar cierta preocupación si esta tecnología no es regulada a tiempo, llegando a mencionar la posibilidad de que la legitimidad de la justicia se ponga en riesgo por esta causa.
Este riesgo de que la justicia pierda legitimidad no necesariamente tiene que ver con el uso de IA para crear leyes, sino con la posibilidad de que su uso, con el tiempo, limite el rol del juez al emitir decisiones por su cuenta.
En pocas palabras, Molina advierte lo que ya se sabe: que la IA podría terminar suplantado a los actores del sistema judicial, con consecuencias que son difíciles de inferir.
Como el tema de la IA es tan vasto y complejo, Molina también expresa preocupación ante la posibilidad de que no se garantice accesibilidad en igualdad de condiciones a las herramientas de este tipo, lo que pondría a unos pocos en ventaja y muchos otros en posición de desventaja en términos de la justicia.
Podríamos diferir de estas posturas de Molina, pero es un hecho que la IA encierra muchos retos que aquí, en República Dominicana, no estamos necesariamente tomando en serio, y esa miopía nos puede salir cara en un futuro no tan lejano.
