La República Dominicana conmemora hoy el 165 aniversario de su primera Constitución política, a las puertas de poner en vigencia un Texto Sustantivo ampliamente reformado que ya deja una estela de dudas sobre si en materia constitucional la nación avanza o retrocede.

Comparada con la de 1966, todavía vigente, la Constitución próxima a promulgarse, al parecer está dotada de luces más intensas en lo relacionado con los derechos ciudadanos, además de estar precedida de una rimbombancia que define al Estado nacional social, democrático de derecho.

En la Carta Magna se incluyen prerrogativas de última generación , como derecho a la paz, al desarrollo, a la tutela de la salud pública, al equilibrio ecológico, de la fauna, la flora, medio ambiente y preservación del patrimonio cultural.

Otras figuras novedosas han sido insertadas en la nueva Constitución, tales como las instituciones del Referéndum y el Defensor del Pueblo.

Las sombras que proyectaría la reformada Constitución han sido advertidas por no pocos juristas en lo relacionado con el claro desmantelamiento del Poder Judicial, que en lo adelante sería innominado y con no más poder que el de tramitar expedientes.

La Suprema Corte de Justicia aparece desmembrada en el nuevo Texto constitucional y la mayoría de sus antiguas prerrogativas distribuidas como piñatas entre instituciones creadas al parecer con ese propósito.

Es así como se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales; un Consejo del Poder Judicial y un Tribunal Superior Administrativo, que se distribuyen todo lo despojado a la Suprema Corte.

El Poder Ejecutivo, en cambio, sale fortalecido del laboratorio montado por la Asamblea Revisora y se consolida el Poder presidencialista.

No se niega que esa zarandeada Constitución contendrá elementos positivos, como los capítulos relacionados a la garantía de derechos ciudadanos, pero son espesas las tinieblas en el ámbito del Poder Judicial.

Ese desequilibrio en la carga tendrá que reacomodarse en el camino.