La historia de Miguel es un alarmante reflejo de la vulnerabilidad de cualquier ciudadano ante un sistema judicial que puede ser manipulado por quienes ostentan riqueza e influencia. En este caso, Rodolfo Minaya, decidió presentar una querella sin fundamentos claros en su contra, en el residencial Isabel Villas.

Todo comenzó en 2018, cuando Miguel recibió una demanda por presunta falsificación de estatutos. Se argumentaba que los estatutos de 2004, que él había subido a una red social en 2012, eran falsos. La acusación se fundamentaba en supuestas diferencias con unos estatutos modificados en 2009, en una asamblea donde el mismo acusador firmó.

Un primer fiscal desestimó la demanda penal por considerarla infundada, pero el fallo fue apelado, y el caso fue presentado como instancia privada, dando inicio a un largo proceso judicial. Durante siete años, Miguel enfrentó múltiples audiencias y reenvíos: falta abogado, ausencias del acusador, y otros subterfugios. Todo esto resultó en gastos innecesarios, pérdida de tiempo y una gran intranquilidad para su familia.
Dos situaciones destacan en esta insólita acusación. Primero, la jueza permitió que el acusador, testificara de forma virtual. A pesar de que el consulado dominicano en Orlando ha afirmado repetidamente que no puede localizarlo, la jueza insiste en que son Miguel y sus abogados quienes deben buscar y citar al acusador.

La segunda irregularidad surgió cuando la defensa presentó un documento con la firma de Minaya, aprobando los estatutos de 2009. A pesar de que otros diez vecinos corroboraron esta firma, el acusador llevó el caso a otro fiscal, logrando que el DICRAN declarara que las firmas no coincidían, (a pesar de que estaban en el exterior). Esto llevó a la apertura de un nuevo expediente, con dos citaciones al aire y una orden de arresto que movilizó a una docena de policías. Afortunadamente, el fiscal que emitió la orden, al darse cuenta del error, decidió archivar el expediente.

Miguel es un ciudadano honesto que nunca ha formado parte de la Junta Directiva del residencial. Su único “delito” fue subir la primera versión de los estatutos en redes sociales. Este caso ejemplifica el abuso de poder en el ámbito judicial y demuestra la necesidad urgente de revisar las instancias de justicia, detenidas en persecuciones infundadas.

La Procuraduría debe investigar estas irregularidades y detener el acoso a Miguel y a fiscales honestos como Gerinaldo Contreras. La justicia debe ser un pilar de equidad y respeto, no un juego de influencias.