La decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de dejar sin efecto la suspensión del proceso de licitación para la construcción de dos plantas a carbón mineral, reabre compuertas para que el Gobierno cumpla el cometido de modificar la matriz de generación eléctrica que hoy se sustenta en el uso de combustibles fósiles.

Esas plantas que se construyen en Punta Catalina, Peravia, generarían 769 megavatios que se distribuirían a un precio promedio de once centavos de dólar, lo que obligaría al resto de las empresas generadoras a adecuar su estructura de producción mediante el uso de combustibles de menos costo.

El precio promedio del kilovatio hora que se coloca en línea es de 21 centavos de dólar, muy por encima del que se oferta en Puerto Rico, a pesar de que aquí se genera electricidad con un porcentaje mayor en uso de gas natural y carbón vegetal.

No hay dudas de que sectores involucrados con la industria eléctrica conspiran contra el proyecto de Punta Catalina, como lo demuestra el hecho de que se han notificado a bancos e instituciones financieras internacionales a los que se advierte no financiar esa obra.

No se niega derecho a empresas que participaron en la licitación de esa obra a denunciar supuestas o reales violaciones a las bases de ese concurso, pero es evidente que la decisión de construir esas plantas no ha caído bien en el ámbito de la industria de generación eléctrica.

La Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) tiene el compromiso de demostrar que ese proceso de licitación se realiza con transparencia y de que los precios de los consorcios adjudicatarios resultan los más competitivos del mercado.

Ese proyecto se erige como la punta de lanza del Gobierno para lograr reducir el costo de generación eléctrica y, por consiguiente, las transferencias presupuestales que se realizan para conjurar el déficit del subsector eléctrico que este año alcanza ya los mil 700 millones de dólares, incluido los más de US$60 millones que se pagan para mantener apagadas a las plantas Cogentrix.

Las dos plantas en Punta Catalina representan un proyecto estratégico de enorme importancia para los propósitos de rescate de la industria eléctrica y para la economía de la República. Puede decirse que es un asunto de vida o muerte.