El 23 de enero asistimos a la detonación de la institucionalidad venezolana. Una sociedad dividida en sus afectos y condiciones materiales asistió,con sentimientos contrapuestos,a la creación de instituciones que se autoexcluyen: dos asambleas (nacional y constituyente), dos Tribunales Supremos (en el interior y en el exilio), dos presidentes (Nicolás Maduro y Juan Guaidó).

Un esquema que convierte en inviable la coexistencia de órganos de representación antagónicos que reivindican sus propias legitimidades y que reflejan en el ámbito institucional las consecuencias de una convivencia imposible.

Sin modelo de transición compartido lo vivido es el abono que naturaliza la hipótesis de un final trágico. Eran previsibles los reconocimientos internacionales que apoyaron el nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino y también que la petición de suicido fuera desoída por el establishment chavista.

En cualquier momento, por un error de cálculo o como respuesta a una provocación meditada, estallará la tormenta perfecta que aclare quién manda en Venezuela.

Un tweet de Donald Trump y la voz de Mike Pence fueron determinantes para señalar a Nicolás Maduro como un dictador que ocupa el poder sin haber sido elegido por medio de una elección justa y libre. EE. UU. realizó un ejercicio notable de presión diplomática con el objetivo de garantizar la denominada “restauración democrática” y mostró a sus aliados, y también a sus enemigos, su capacidad para impulsar cambios en la región.

Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, apoyó a la Asamblea Nacional e hizo un llamamiento a iniciar un proceso que conduzca a la celebración de elecciones “libres y creíbles”. En el comunicado mostró la disposición de los estados miembros de la Unión a apoyar el restablecimiento de la democracia de acuerdo con la constitución venezolana. Sin embargo, no reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La correlación de fuerzas en el continente americano ha cambiado y eso tiene consecuencias. La irrupción de la ola conservadora en Latinoamérica favorece que se marque una fecha de caducidad a la autodenominada revolución bolivariana. Comprender el momento geopolítico -plagado de anuncios de guerras comerciales y con hombres “fuertes” en los ejecutivos- es vital para aventurar la salida al laberinto venezolano.

El protagonismo de Brasil, Argentina, Colombia o Chile ha sido muy relevante por el respaldo -sin paliativos- dado a Juan Guaidó. En sentido contrario, países como Cuba o Bolivia hicieron declaraciones favorables a los intereses de Nicolás Maduro. Mientras que sólo México y Uruguay decidieron mantener una posición intermedia defendiendo el recurso a la mediación internacional (vía que tratará de transitar el gobierno de Maduro o al menos, buscará convencer a la opinión pública de que lo hace).

Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro se dirigió a los congregados y al pueblo en su conjunto flanqueado por sus más fieles correligionarios. Eligió un balcón en el que gritar “Chávez vive” es una invitación a rememorar otros episodios de la historia reciente de Venezuela. Instó al pueblo a proteger la constitución de lo que consideraba un golpe de Estado patrocinado por el imperialismo y sus lacayos, y reclamó a los militares máxima unión y disciplina.

También reivindicó la combatividad popular, habló de las llamadas de apoyo recibidas (citó al presidente turco Erdogan) y recordó las intervenciones estadounidenses en América Latina (por ejemplo, mencionó a Salvador Allende y a João Goulart, y enumeró las consecuencias devastadoras de las dictaduras en el Cono Sur o en Centroamérica).

Con el hastag “leales siempre, traidores nunca” la cúpula militar (desde el Ministro de Defensa Vladimir Padrino al comandante general del Ejército Bolivariano, Jesús Suárez Chourio) ratificó su voluntad de ser garantes de la soberanía nacional. Unidades especiales del ejército, divisiones de infantería, mandos de la aviación o de la Armada mantuvieron una posición de defensa del chavismo y afirmaron, a través de redes sociales que Nicolás Maduro era su comandante en jefe.

La oposición optó por defender su plan de ruta estructurado en tres fases: 1ª. El llamado cese de la usurpación; 2ª. La creación de un gobierno de transición; 3ª. La convocatoria de elecciones libres. Y alentó a las Fuerzas Armadas Bolivarianas a propiciar un cambio de rumbo político.

Juan Guaidó juramentó el cargo de presidente ante una multitud emocionada y sus seguidores parecían inclinarse más por una victoria incierta que por asumir la paz duradera de la que habla el chavismo. Para dar legitimidad al acto de asunción de la presidencia se citaron una serie de artículos de la Constitución vigente con la intención de transmitir a la sociedad que su acción no violentaba el orden constitucional.

Si bien hubo referencias puntuales al ordenamiento jurídico, terminó imponiéndose frente al derecho la invocación a la soberanía popular.

En estos días inciertos, los opositores al régimen chavista recuerdan una frase de Rómulo Betancourt: “Cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió”. El coraje del que expone su vida por la libertad de su pueblo merece respeto, pero lo curioso del caso venezolano es que en los dos bandos hay hombres y mujeres dispuestos a convertirse en mártires por liberar a su nación.

Importar libertadores, metáfora de una intervención extranjera, puede afianzar la voluntad personal de inmolarse en altares abstractos como la patria o el socialismo. En el oficialismo -hoy duplicado- lo saben. Sin embargo, nadie parece dispuesto a tirar del freno de mano de la historia.

El autor es doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid.