La marcha de ayer que movilizó a miles de personas por diversas vías de Santo Domingo tuvo un contundente eco contra la prevaricación e impunidad y un vívido reclamo para que se imponga un auténtico régimen de consecuencia o castigo contra todo aquel que incurra en crimen o delito.

El escándalo Odebrecht ha sido la gota que derramó el vaso de la indignación ciudadana ante una extendida y dilatada corrupción, cuyas aguas cloacales han infectado extensas praderas públicas y privadas.

Ese contundente mensaje ciudadano estuvo dirigido en partes iguales a los tres poderes del Estado, que por una combinación de acción y omisión se señalan como responsables de la multiplicidad de cabezas y garras de esa hidra del peculado.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, tiene el histórico compromiso de marchar con la espada de la ley en ristre al frente de todas las voluntades cívicas y jurídicas con el firme propósito de esclarecer el caso Odebrecht e identificar por nombres y apellidos a a todos los responsables.

La población tendrá que confiar en el Ministerio Público, que a su vez está compelido a ganarse con su valentía y probidad el respeto de la sociedad, sin que ningún poder lo obligue a escoger o excluir por conveniencia, ni que intereses políticos o económicos impongan reeditar la historia de Barrabás.