Con la tardanza del ingeniero Francisco Camacho, Ministro de Deportes, para llegar al club María Auxiliadora, se ha retrasado también la liberación y devuelta de este a su legítimo dueño que es el sector del mismo nombre, después de varios años restringido y parcialmente privatizado. Siendo como al efecto es el Ing. Camacho el rector de todas las instalaciones deportivas de la República Dominicana, queda claramente entendido que puede y debe resolver este tipo de conflictos con prontitud y determinación.

Después que el saliente incumbente del Ministerio de Deportes, Lic. Danilo Díaz se hizo sordo, ciego y mudo, aparentando su complacencia igual que ciertos parceleros de ese ministerio, con los daños recibidos por el club María Auxiliadora, esta comunidad aspiró que en no más de los tres primeros meses del nuevo ministro de esa cartera allanaría el conflicto del club con su propia comunidad que es la dueña del mismo.

De no ser esta una comunidad cristiana, pacífica y laboriosa, ya este impasse se hubiera cerrado, por aquello de que “nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer.” La responsabilidad de una posible agudización de este conflicto recaerá en el Ministerio de Deportes, tanto en su titular como en algunos de sus parceleros subalternos, por no acudir oportunamente a resolver este conflicto actuando con justicia como Dios manda y no como el diablo quiere, tomando en cuenta que este inconveniente fue ocasionado por la agresión imprudente al Club María Auxiliadora, un bien social legitimo de este sector.

Este club, hecho por Joaquín Balaguer en 1972 y entregado a la comunidad para su recreación, el deporte, y la cultura, no puede ser legitimado 50 años después para usufructo individual de nadie de la comunidad ni de fuera de ella.

El derecho y deber mandan al Ministerio de Deporte a velar por todas las instalaciones dependientes de esa cartera y velar por lo que en ellas se hace, en su relación con los valores, la cultura, la recreación, la salud y lo social, siempre en aras del bien compartido. Este tipo de casos, si los manejan los tribunales correspondientes evacuan fallos seguros a favor de la comunidad pero la espera es larga e innecesaria en razón de lo expuesto precedentemente. El engaño y la ilegitimidad no tienen otra respuesta en ninguna instancia del sistema judicial que no sea su rechazo puro y simple siempre que sus actores actúen en nombre de la justicia y apegados a ella.

Por: Lic. Santiago Martínez