Resulta cada vez más evidente que solo la auditoría que se propone el Gobierno terminará con los cuestionamientos sobre la construcción de la polémica termoeléctrica de Punta Catalina. A cada momento surgen demandas de distintos sectores sobre supuestas irregularidades verificadas desde la licitación hasta la inauguración de las dos plantas de carbón.

Esta vez Participación Ciudadana ha solicitado a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación en torno al “acuerdo marco” suscrito entre las pasadas autoridades y el consorcio Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella.

El movimiento se basa en que la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) efectuó pagos ilegales por 336 millones de dólares a las empresas.

El contrato inicial para la construcción de las dos plantas fue de 1,945 millones de dólares, pero con el acuerdo marco, que según Participación Ciudadana se firmó sin pasar por el Congreso, el costo de la obra ascendió a 2,454 millones de dólares. Otros sectores lo estiman por alrededor de los tres mil millones.

El exadministrador de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, ha aclarado en torno a los 336 millones de dólares que saldrán de un fondo de contingencia y que serán absorbidos por la parte que pierda el proceso de arbitraje. Pero Participación Ciudadana insiste en que la explicación de Jiménez Bichara sobre la operación es capciosa y engañosa. La procuradora Miriam Germán, con todo y lo cargada que está de denuncias, tiene otro caso sobre el que tendrá que pronunciarse.