En los próximos meses, órganos constitucionales se disponen a elegir o reestructurar instituciones públicas que tienen un papel estelar no solo en la cotidianidad de los ciudadanos sino que, lo más importante, influyen en el trazado de pautas que inciden en la dimensión que pueda alcanzar nuestra democracia. En esto último, poco comprendido por la mayoría, radica la mayor trascendencia de estas entidades.

El aspecto anterior, no obstante, es lo que configura el déficit fundamental de la institucionalidad dominicana, lo cual, ha sido resultado de la nefasta combinación por un lado de cuestionables criterios en la composición de esos organismos debido a un pernicioso propósito de hegemonía y, por el otro, su lejanía del cumplimiento de sus finalidades esenciales por estar casi siempre distraídos en las minucias que forman parte de sus atribuciones y por no confrontar poderes de los que sus integrantes se sienten dependientes.

Quienes así proceden no comprenden que pese a ganancias circunstanciales que eso puede derivar, a la postre están actuando contra la gobernabilidad porque tarde o temprano eso provocará reacciones de una ciudadanía que puede tardar en hacerlo, pero que, como sucede entre nosotros en la actualidad, despierta en cualquier momento.

Estar en consonancia con el resurgir del ejercicio ciudadano es el reto que la gobernanza tiene por delante. Ha finalizado la etapa histórica en que se podía actuar en cualquier dirección y nada ocurría. Si segmentos de poder importantes de la nación pretendieran ignorar eso, deben ir preparándose para ser a corto y mediano plazos, los destinatarios de una repulsa popular que les reclamaría no ser coherentes con promesas que determinaron espaldarazos electorales que siempre serán episódicos y, por ello, pasibles de ser retirados en la primera oportunidad.

En el caso específico de la JCE, que es lo inmediato, sin descartar que diversos mecanismos para su integración podrían resultar efectivos, lo cierto es que en el presente es generalizado el reclamo de que esté conformada bajo la premisa de la ausencia de representación partidaria, por ser considerada como el camino más expedito para su fortalecimiento e independencia.

Por encima de ese punto, considero que lo de mayor importancia es redimensionar el rol de esta institución para que vaya más allá de organizadora de procesos y desarrolle su potencial de contribuir con la instauración de un sistema partidario y electoral que se traduzca en un incremento de la democracia participativa y propicie nuestra anhelada institucionalidad.

Por: Pedro Pablo Yermenos
pyermenos@yermenos-sanchez.com]