Dos entidades jesuitas denuncian que a pesar de que la cooperación internacional ha provisto a Haití de recursos financieros y tecnológicos para proveer a sus nacionales de acta de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte con el solo pago de cincuenta dólares, el Estado haitiano impone un cobro de US$130 por la expedición de dos de esos tres documentos.

La mayoría de los haitianos indocumentados residentes en República Dominicana no puede adquirir en los consulados de su país los papeles requeridos para acogerse al Plan Nacional de Regularización Migratoria, lo que hace difícil que ese programa pueda culminar con el éxito deseado.

La Red de Centros Sociales y la Red con Migrantes de la Compañía de Jesús, acusa también a la cúpula política haitiana de abandonar a su suerte a sus nacionales residentes aquí para centrar sus esfuerzos en la campaña electoral legislativa prevista para octubre y la presidencial de 2016, lo que indica que el tema de “la desnacionalización”, ya no concita interés en las élites de Haití.

Mientras el Gobierno dominicano destina más de mil millones de pesos para la ejecución del Plan de Naturalización y Regularización Migratoria, las autoridades haitianas, según denuncia de los jesuitas, casi triplican el pago en dólares requeridos para obtener copia de un acta de nacimiento o un pasaporte, con lo que se estima obtendría ingresos por más de tres mil millones de pesos.

El embajador de Haití, Fritz Cineas, dijo que Haití aguardaba autorización del Gobierno dominicano para dotar a sus consulados de equipos y personal técnico para agilizar la entrega de documentos a sus nacionales, requerimiento que la Cancillería otorgó, pero aun así, la mayoría de los haitianos indocumentados no han logrado obtener sus documentos de identidad.

Sin el concurso o voluntad política del Gobierno de Haití, sería poco menos que imposible que el Plan de Regularización Migratoria cumpla su cometido, por lo que la responsabilidad de un previsible fracaso sería imputable a las autoridades haitianas, porque a pesar de los recursos financieros y tecnológicos donados por la comunidad internacional, poco han hecho para identificar a sus ciudadanos.

Más doloroso sería que ante un resultado poco halagüeño de tan encomiable esfuerzo dominicano por regularizar a indocumentados haitianos, las autoridades vecinas retornen a su inamistoso proceder de denunciar al Gobierno dominicano por supuesta violación a los derechos humanos de inmigrantes.

Más vale precaver que lamentar, por lo que mejor sería que la Cancillería dominicana ponga en auto a organismos internacionales y gobiernos que han mostrado interés en el abordaje que se ha dado al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre alcance de la nacionalidad y control migratorio y a la actitud asumida por el Gobierno haitiano.