República Dominicana no puede darse el lujo de que el proceso electoral para escoger nuevas autoridades para el cuatrienio 2016-2020 derive al final en querellas legítimas o temerarias que empañen sus resultados o pongan en duda la voluntad del votante, porque eso sería una fatalidad para la democracia y para la economía.

Las Iglesias, empresariado y líderes de la sociedad civil han advertido sobre el imperioso compromiso de Gobierno, clase política y árbitros electorales para que el cronograma de organización, montaje y realización de las elecciones se cumplan cabalmente en base al consenso y al estricto respeto de la ley.

En torno al reclamo de que realice un conteo manual de todos los sufragios que se emitirán en los comicios de mayo 15, la Junta Central Electoral ha evacuado una resolución que ofrece cercanía frente a propuestas divergentes, sin que se llegue a cercenar al niño de la historia de Salomón para complacer pretendidos derechos.

Llama la atención que la propuesta del conteo electrónico de votos fue aprobada en su oportunidad por todos los partidos políticos que también dieron su asentimiento para la adquisición de sofisticados equipos para esos fines, por lo que no se entiende que en el tramo final del montaje de las elecciones se plantee retornar radicalmente al conteo manual.

La decisión de permitir el conteo manual para los sufragios emitidos a nivel presidencial se define como una resolución salomónica y garantizadora que debería complacer a quienes aún dudan de las garantías ofrecidas por la JCE en torno a la transparencia o pulcritud del proceso electoral.

No parece aconsejable que litorales partidarios convoquen a protestas frente a la sede de la JCE porque ese tipo de presión solo conduce a situaciones altamente perjudiciales para lo que debe ser el mayor interés de la colectividad, de que se celebren elecciones libres, transparentes, concurridas y en paz.

Cualquier infortunio político derivado de incidentes desaforados o de acciones temerarias promovidas antes, durante o después de las votaciones, impactaría negativamente sobre la economía y, por consiguiente, sobre la gobernanza.

Es por eso que se reclama que candidatos y partidos recobren cordura y se obliguen a promover un certamen electoral que transcurra en orden y que se garantice el derecho de los ciudadanos a sufragar sin ningún tropiezo, porque al final lo que se quiere es que la voluntad popular se exprese libremente en mayo 15.