Experto plantea que en América Latina hay que generar políticas públicas específicas para entrentar la informalidad.
SANTO DOMINGO.- Al cierre del primer semestre de 2025, la economía dominicana mantiene un problema estructural, ya que la mayoría de la fuerza laboral se mueve en la informalidad.
Según datos del Banco Central (BCRD), de los 5, 123,548 ocupados, 2, 765,183 trabajan en condiciones informales, lo que equivale a un 54%.
En contraste, apenas 2, 358,365 personas cuentan con un empleo formal, para un 46% del mercado de trabajo. El dato evidencia que, pese a los anuncios oficiales de recuperación del empleo tras la pandemia, el peso de la informalidad sigue siendo mayoritario, un fenómeno que limita tanto la seguridad social como la estabilidad de los ingresos familiares.
Para Rafael Freire Neto, secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), la informalidad no solo precariza, sino que “desgarra el tejido social”.
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“Cuando se precariza el empleo, con la informalidad, con el salario bajo y sin derechos, es imposible tener estabilidad social. No se puede hablar de desarrollo sin empleo formal y digno en República Dominicana y en cualquier parte del mundo, afirmó a El Nacional, tras su participación en la vigésima Reunión Regional Americana (RRA) de la Organización Internacional del Trabajo, la cual se celebra aquí.
Freire advirtió que en América Latina, y que “lamentablemente” el sistema laboral doméstico arrastró, se instaló la idea de que el empleo solo puede ser precarizado y sin contrato de trabajo.
A su juicio, esa concepción es falsa y funcional a un modelo económico que debilita la protección de los trabajadores.
“La base para la formalización pasa por organizar a los informales, incluirlos en sistemas de seguridad social y generar políticas públicas específicas. El diálogo social es clave, pero no significa aceptar todo lo que diga el gobierno o el empresariado”, puntualizó.
En tanto que, el ministro de Trabajo, Eddy Oliverio, proyectó que para el 2028, el gobierno reducirá la informalidad en el país a 50%.
En la República Dominicana, el sindicalismo también ha puesto sobre la mesa propuestas concretas. Pepe Abreu, presidente de la CNUS Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), destacó la experiencia uruguaya del monotributo como modelo replicable.
“Ellos incorporaron al trabajador informal —el que tiene un puesto en un mercado o vende en la calle— en una figura cooperativa. Con un pago único accede a pensión, salud y riesgos laborales. Aquí, si hay voluntad del gobierno y del empresariado, se puede hacer”, explicó.
Abreu sostuvo que un esquema así podría reducir la informalidad en más de un 30% en una primera etapa, y con el tiempo abarcar hasta el 80% de los trabajadores. “Es un mecanismo multiplicador. Cuando un grupo de trabajadores ve los beneficios, el resto también busca afiliarse y comprometerse. Si no se implementa, la seguridad social siempre será débil”, sentenció.
Impacto en la mujer
Desde el gobierno, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, reconoció que la reducción de la informalidad es “uno de los grandes desafíos del Estado” y subrayó el impacto diferenciado en las mujeres.
“Históricamente, la informalidad en República Dominicana ha oscilado entre 55% y 57%. No podemos aspirar a un desarrollo sostenible desde la informalidad”, sostuvo.
Jiménez resaltó que en los últimos cuatro años las mujeres han triplicado su participación en contratos públicos gracias a políticas como el sello de igualdad de género “Igualando RD” y programas de paridad en los que participan 150 empresas. Sin embargo, admitió que persisten retos estructurales, como la brecha salarial y la brecha digital, que frenan la inserción plena de las mujeres en el mercado formal.
A pesar de los avances señalados por el oficialismo en materia de negociación salarial y capacitación, el mercado laboral dominicano sigue marcado por la desigualdad y la precarización. Los sindicatos insisten en que el crecimiento económico no se ha traducido en una reducción efectiva de la informalidad, ni en una mejora sustancial de la calidad del empleo.
Con más de la mitad de la población ocupada fuera del marco formal, la informalidad se mantiene como el mayor obstáculo para la justicia social y la sostenibilidad del desarrollo económico en República Dominicana.
El desafío, coinciden analistas y sindicalistas, es pasar del discurso a reformas concretas que permitan que trabajar en el país no sea sinónimo de sobrevivir sin derechos.
