El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales denunció y apoderó a la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente y los Recursos Naturales para poner en movimiento la acción pública contra Juan Hubieres y un grupo de más de 20 personas que destruyeron, alteraron, devastaron y contaminaron el área protegida denominada Los Farallones, del sector Alto Brisa del Este en la Avenida Ecológica.

El magistrado Andrés Chalas, procurador por el Medio Ambiente, recibió una comisión del Ministerio de Medio Ambiente encabezada por el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Ángel Daneris Santana, y la doctora Marisol Castillo, directora legal del Ministerio, quienes fundamentaron la denuncia en el informe técnico que comprobó la magnitud de los daños ocasionados por los ocupantes ilegales de dichos terrenos.

Hubieres y el grupo de imputados ocuparon el área protegida donde se encuentran valiosos recursos ecológicos destruyendo la cobertura vegetal en más de un 90%, eliminando la fauna originaria y contaminando acuíferos con el derrame de combustibles, en franca violación a la Ley 64-00 y la Constitución de la República.

Entre los imputados, además de Hubieres, figuran Andrés Urbáez, Francisco Liriano, Juan Martínez, Daniel Lorenzo, Pablo Lorenzo, Jaime García, Melvin Sosa, Leoniples De Oleo, Reinoso Alcántara, Jaime Metz, Carlos Valenzuela, Guillermo Bautista, Benito Lebrón, Guillermo Ferreras, Edy Cuevas y Carlos Colón.

Entre los daños al área protegida se encuentra también el vertido de desechos sólidos, corte de vegetación para construcción de viviendas, pérdida de la capa vegetal por la remoción de suelos y la alteración de cueva con yacimientos arqueológicos que era utilizada para estacionamiento de vehículos.

El Ministerio de Medio Ambiente presentó las pruebas documentales y los diferentes actos de alguacil que notifican a los invasores de los terrenos a desocuparlos amparados en las leyes, oficios y decretos que declara de utilidad pública varias franjas de terrenos en Los Farallones.

Al grupo se les imputa haber violado los artículos 14, 66, 67 de la Constitución de la República del 26 de enero de 2010; artículos 08, 38, 40, 87, 90 numeral 1; artículos 91, 160, 161, 169, 174 y 175 numeral 1 y 2 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, del 18 de agosto de 2000; la Ley 202-04 Sectorial de Áreas Protegidas, y los Decretos No. 381-92 de fecha 31 de diciembre de 1992, 383-03, de fecha 25 de agosto de 2003 y 1214-04 de fecha 16 de septiembre de 2004, en perjuicio del Estado Dominicano y los derechos e intereses colectivos y difusos de los ciudadanos dominicanos y los munícipes de Santo Domingo Este.