Hugo A. Ysalguez
La vida del presidente de Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, está íntimamente ligada a una multiplicidad de episodios relacionados con proyectos, iniciativas en diferentes vertientes y una fructífera carrera de servicios, marcada principalmente por su sistemático e inalterable afán por la protección de la dominicanidad, sin temor a los sectores, nacionales y extranjeras, que conspiran contra la salud de la Patria.
Desde una curul en el Congreso, como senador por Samaná, su voz se ha hecho sentir para clamar y reclamar la protección de la soberanía nacional, socavada y lacerada, no solo por fuerzas extranjeras, sino por la peligrosa y parece inextinguible inmigración haitiana que mantiene en zozobra toda una población que desea vivir en un ambiente de paz.
El TC, bajo la égida del magistrado Guevara, ha evacuado dos sentencias que tienen un sello puramente Nacionalista, la primera de esas decisiones la que lleva el número 268-13 que excluyó de la nacionalidad por el “jus solis” a los hijos nacidos aquí de padres extranjeros en tránsito, llámase ilegales o aquellos que viajan legalmente, pero con una estancia transitoria, que podría ser de escala o contratado para un trabajo determinado.
Esa sentencia, considerada controversial y emblemática, definió los perfiles para conceder la nacionalidad por derecho al suelo, ratificando la validez de la disposición establecida en la Constitución del 20 junio del 1929 y reintroducida en la Carta Magna del 1966, un precedente que es vinculante a todos los poderes públicos, pero algunos gobiernos han querido desacatar, introduciendo leyes para abrir caminos ilegales solamente a los haitianos que vulneran nuestra identidad.
La segunda sentencia, que refleja que la precedentemente citada no está sesgada, es la numero O315-15 mediante la cual el TC declaró no conforme a la Carta Magna el Acuerdo sobre el Status Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana, el cual era aquel que perseguía que empleados de Migración y Aduanas de ese país, ejercieran funciones en la salida del aeropuerto de Punta Cana, como si esa parte fuera territorio norteamericano , reafirmando la alta corte su rol como protectora de la Ley de Leyes, teniendo ambas sentencias un valor muy trascendente para un pueblo que históricamente ha sido lastimado por personas inescrupulosas que traicionan a la Patria, deseando “desmembrar su democracia, quebrantar su soberanía y encarcelar su libertad”.
