Senadores y diputados han sido desde hace tiempo blanco de ácidas críticas porque los privilegios de que disfrutan no se corresponden con la labor que realizan.

La práctica ha demostrado que se han preocupado más por sus beneficios personales, como exoneraciones de vehículos, asignaciones hirientes como el barrilito para fomentar el clientelismo y otros ingresos en vez de velar por el cumplimiento de las leyes o simplemente legislar.

Sin ningún tipo de justificación, con el paso del tiempo importantes proyectos se han ido postergando, como las reformas de los códigos penal y laboral, hasta el grado de constituir un montículo que ha inquietado a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

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Ambos han entendido la necesidad de priorizar el conocimiento de por lo menos los proyectos más importantes durante la actual legislatura. Si consiguen que las dos cámaras cumplan con el objetivo habrán hecho, sin importar que sea tardío, un aporte significativo al orden institucional del país.

En cuanto al Código Penal es inconcebible que la pieza lleve más de 20 años dando tumbos sin que los legisladores, por miedo a intereses, se hayan abocado a aprobarlo.

El problema no ha sido solo por las tres causales. Los congresistas también saben que la reforma del Código Laboral no puede esperar más y que las presiones sobre la cesantía no han sido el obstáculo para que no se conozca. De los Santos y Pacheco tienen el liderazgo para acabar con la mora legislativa.