Uno de los aspectos más importantes del inicio del año escolar, al margen de controversias de siempre entre la agrupación de profesores y los funcionarios educativos, es la reincorporación al currículo de la asignatura Educación, Moral, Cívica y Ética Ciudadana, antes obligatoria en la formación de los alumnos.
Buena parte del deterioro de la calidad práctica de la democracia en los últimos tiempos, el maltrato a símbolos patrios, la olímpica violación a la ley, la falta de respeto a la autoridad y un largo etcétera de debilidades conductuales de jóvenes y adultos de este tiempo, se debe a esa ausencia de educación cívica.

La materia de Moral y Cívica era, en esencia, una síntesis de lecciones de buen comportamiento ciudadano, de conocimiento de valores patrióticos, de cumplimiento de los deberes y entendimiento de los derechos de las personas y las obligaciones del Estado en esa relación que asegura la convivencia pacífica.

El mandato supremo, establecido en el artículo constitucional 63.13, de obligatoriedad de “la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”, es todavía un ideal y deuda acumulada por parte de todas las instituciones de educación pública y privada.

A pesar de los esfuerzos del Tribunal Constitucional y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para que se cumpla este postulado, aún se espera y a nivel de la educación preuniversitaria, falta mucho recorrido.

Es esperanzador, positivo, punto luminoso y buena señal de decisión y voluntad política que de nuevo a los más de 2.6 millones de estudiantes preuniversitarios, públicos y privados, se les inculquen valores y principios de buen comportamiento cívico, patriótico y democrático para formar mejores dominicanos, comprometidos con el engrandecimiento de la República.