El Estado se ha mostrado desinteresado en el expediente sobre el asesinato del casacambista Héctor Méndez, permitiendo de esa forma el escape hacia otro país de los imputados de la comisión de ese hecho, ocurrido en 1985 durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco.
Méndez y su chofer Napoleón Reyes fueron asesinados el 4 de enero de 1985 y el caso se mantuvo inactivo en la justicia, sin ningún tipo de iniciativa por parte del Estado hasta el 2006, fecha en que el juez José Alejandro Vargas decidió conocerlo.
Para esa ocasión, Vargas fue nombrado como juez liquidador de los expedientes que se encontraban engavetados, a los cuales la justicia decidió darles salida por encomienda de la Suprema Corte de Justicia, dirigida en ese entonces por el doctor Jorge Subero Isa.
Vargas ventiló el proceso como juez de la instrucción y envió por ante un tribunal penal al exteniente de la Policía Uladislao Bautista Rodríguez («El Hippie»), a los fines de que respondiera por la muerte de Méndez y su chofer Reyes.
Mientras que por el caso de los hermanos Patricio y Etanislao de la Cruz Gálvez, muertos alegadamente porque conocían la identidad de los asesinos de Méndez y su chofer, el juez Vargas también envió por ante un tribunal criminal a Juan Bautista Peguero Santana (Mayo), Daniel Jorge Infante (El Karateca), fallecido en 1991; Rafael Vargas Cruz (Rafelito Boca de Cuevas), Pedro Alejandro García Berry, asesinado a tiros en Nueva York en junio de 1996, y a Pedro Sánchez Díaz, miembros del denominado Comando de la Libertad.
El grupo fue enviado por el juez Vargas por ante un tribunal penal, recayendo el caso en el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en donde se mantuvo inactivo durante dos años, sin que la Fiscalía del Distrito Nacional presentara acusación contra los citados imputados.
El desinterés del Estado por el expediente obligó a que en mayo del 2008, el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional intimara a la Fiscalía a presentar acusación y el orden de las pruebas para la ventilación del juicio de fondo al exteniente de la Policía Uladislao Bautista Rodríguez, principal acusado de la muerte de Méndez y su chofer.
El emplazamiento a la Fiscalía del Distrito Nacional fue hecho en esa ocasión mediante una comunicación por la entonces presidenta del Tercer Tribunal Colegiado, Alina Mora de Mármol.
En cambio, la Fiscalía envió otra comunicación a la magistrada, fechada el 8 de mayo de 2008, a través de la cual solicitó un plazo «extensivo» para la entrega de los expedientes de Méndez y otro que tiene 103 imputados.
El fiscal adjunto Francisco Polanco Ureña, quien suscribió la comunicación, le respondió a la magistrada Mora de Mármol que el fiscal que llevaba esos expedientes había sido trasladado a la provincia de Santo Domingo, por lo que se hacía necesario tomar conocimiento de los mismos, debido al gran volumen y complejidad.
Además de la magistrada Mora de Mármol, el tribunal lo integraban Natividad Ramona Santos y Rafael Pacheco. En la actualidad, ninguno de dichos jueces labora en ese tribunal.
