Muerte materna

Un informe de UNICEF nos dice lo que sabemos desde siempre: la mayoría de las muertes de nuestras madres son prevenibles en el 80%, y lo doloroso es que las autoridades de salud, y gran parte de los actores que intervienen en la atención de nuestras parturientas y las extranjeras, lo saben lo que sucede es que existe una especie de pacto no escrito en que cada sector se hace la vista gorda y siguen sus intereses entre los que no está, precisamente, velar por la salud de nuestras madres.

El Ministerio de Salud Pública registra, en su boletín epidemiológico semanal, hasta el 12 de noviembre, un total de 140 muertes maternas en 2024, de las cuales, 76 corresponden a madres dominicanas (54 %) y 64 a nacionales haitianas (46 %).

Toda la situación envuelta en un modelo comercial que se impone a la ley, a los reglamentos, a la humanización de la salud y el más elemental sentido común; lo lamentable de todo esto es que el principal responsable es el Estado, administrado por el gobierno, que no se empantalona, agarra el toro por los cuernos y garantiza que se tomen las medidas para reducir nuestra vergonzosa tasa de mortalidad materna. No es simple, pero posible, siempre y cuando se haga un plan con la voluntad política de que se aplique.

Contra toda opinión o posición de los actores que comercializan con la atención en salud y que tome en cuenta el negocio de la medicina privada con su 90% de cesáreas, la reducción de los embarazos en adolescentes, las parturientas extranjeras, el seguimiento del embarazo y la atención del parto en los hospitales y maternidades públicas y todo ello englobado en una Política Pública Saludable establecida por la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) que en sí misma tiene todos los elementos para su desarrollo y con ella garantizaremos “algo más que salud”.