El gobierno dominicano dice que fueron 4,375 el número de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El propio presidente ha tomado esa cifra para promocionar el éxito del país en el control de la misma. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones internacionales, los fallecidos fueron más de 20 mil y las tasas de letalidad, estarían entre las más altas de toda Latinoamérica.

Las estadísticas sobre la mortalidad son fundamentales para la toma de decisiones en salud pública, pero en política, los intereses son otros. Desde el inicio se estableció una definición de “caso muerte por COVID”, que solo incluía las confirmadas por pruebas de laboratorio (escasas o inexistentes en los laboratorios de la red pública).

Tampoco se estableció una definición de “caso sospechoso”. Posteriormente, en las actas de defunción (completadas por profesionales de salud), que compila la Junta Central Electoral, se encontró que había más del doble de muertes, que los reportados por los servicios de vigilancia del Ministerio Salud.

El subregistro de muertes es un evento generalizado y no siempre se produce intencionalmente. En un artículo publicado por investigadores del Proyecto Mundial de Carga de Enfermedad y que es llevado a cabo por el Instituto Health Metric Evaluation (IHME) – frecuentemente citado por nosotros-, se estima que fueron 18.2 millones las muertes por COVID-19 en el mundo y no los 5.94 millones que se han reportado.

En el caso de nuestro país, hasta diciembre del 2021 se reportaron 4,250 muertes por COVID-19 (tasa de mortalidad de 20.6 por 100,000). Sin embargo, el IHME estima que fueron 20,800 las muertes debidas a la pandemia (tasa de mortalidad de 100.7 por 100,000). Cabe destacar que el exceso relativo de muertes (4.8 veces más) fue mayor en nuestro país que el promedio en toda América Latina y que el promedio en la Región del Caribe.

Para esclarecer esta disyuntiva es necesario hacer un análisis ecuánime sobre el número de muertes durante la pandemia. Las autoridades están en la obligación, de presentar al público la base de datos de mortalidad de los últimos dos años, sin temor a que quede en evidencia la magnitud del exceso de muertes en el país. Las vacunas, la economía, y el manejo de las reclusiones, son ejemplos de buenas prácticas de esta administración.