Las perspectivas que marcan la llegada al poder de Luis Abinader no pueden ser más sombrías. La crisis sanitaria y su impacto en la economía son la mejor expresión. Sin embargo, amplios sectores que respaldaron su candidatura no exigen mucho, al menos por ahora, para recuperar la caída de las actividades productivas y fomentar el empleo.

Por encima incluso de la estrategia para combatir la pandemia el gran clamor es de justicia, de que se actúe contra el enriquecimiento ilícito en todas sus modalidades, el nepotismo y otras lacras. En definitiva que termine la perniciosa era de la impunidad con la depredación de los recursos públicos.

En un cuadro como el precedente el presidente Abinader puede considerarse en una posición cómoda. Por más que sea su intención, un procurador responsable y probo, que tenga la Constitución y las leyes como banderas de sus funciones, lo libera, sobre la base de la independencia de los poderes del Estado, de las presiones a que estará sometido.

La demanda de justicia, que será recordada al nuevo mandatario durante un encuentro previsto para el día 30 en la Plaza de la Bandera, no consiste en una cacería de brujas ni muchos menos en coger piedras para los más chiquitos. No.

Además de fortunas escandalosas que jamás han sido transparentadas e inexplicables incrementos del patrimonio de funcionarios y legisladores hay muchos, pero muchos escándalos que tienen que aclararse.

Irrita, por ejemplo, el criterio selectivo de la investigación sobre los 92 millones de dólares que dijo la constructora Odebrecht que pagó en principio para la ejecución de varias obras. Mientras en otros países se interrogó y procesó hasta a presidentes en ejercicio, a pesar de que el monto de los sobornos fue muy inferior al pagado aquí, el escándalo por estos lares se caracterizó más por las exclusiones que por las inclusiones.

Los escándalos en el Consejo Estatal del Azúcar, el Ministerio de Obras Públicas, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Metropolitana de Servicios de Autobuses, Cámara de Diputados, los aviones Tucano y otros casos no merecieron atención seria de las autoridades. Tampoco la supuesta protección que según Estados Unidos ofrecían funcionarios civiles y militares al presunto capo César Emilio Peralta (César el Abusador).

Pero es posible que la mayor muestra de impunidad la represente el caso de los 28 seudónimos utilizados por Odebrecht para pagar sobornos por 39 millones de dólares para Punta Catalina y otros 15.7 millones para otras siete obras.

La pesada carga que representan el coronavirus, la deuda, el desempleo y la caída de las actividades, entre otros, ha sido relegada a un segundo plano frente a la demanda de justicia. Solo justicia.

Por: Luis Pérez Casanova
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