El procurador general ha declarado que las autoridades dominicanas ignoran todo lo relacionado con la situación procesal del convicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo, “porque se trata de un caso donde la mayoría de las informaciones tienen carácter secreto”, por orden de un juez de Nueva York.

Conforme a lo dicho por el magistrado Francisco Domínguez Brito, el Ministerio Público no tiene forma de saber si ese señor ingresó o salió de un programa de protección de testigos en Estados Unidos o cual sería su estatus jurídico al retornar a República Dominicana.

Lo que pudo decir el procurador general es que Paulino Castillo no vino deportado, aunque admitió que Estados Unidos no informó sobre la llegada de un convicto que cumplió condena por introducir a esa nación más de 33 toneladas de cocaína.

¿Acaso las autoridades dominicanas no tenían derecho siquiera a saber hora y número de vuelo en que retornaría un personaje de ese nivel? ¿Para qué sirve entonces el Tratado de Extradición con Estados Unidos?

Según el procurador general “ni las autoridades de Estados Unidos ni las de República Dominicana pueden informar” nada referido a un convicto convertido en el personaje de mayor influencia en la sociedad dominicana. Así no puede ser.

El doctor Domínguez Brito dijo que “al parecer”, Paulino Castillo se benefició de un acuerdo de protección, lo que implicaba que no vendría en calidad de deportado, porque “habitaba” en territorio estadounidense. Sin desearlo, el procurador general ingresó en laberinto de especulación.

Ahora resulta que nadie sabe o no quieren saber nada importante sobre un otrora jefe de un poderoso cártel nacional del narcotráfico, que no sea lo que el propio capo quiera decir o callar.

Es menester advertir que la sociedad dominicana no merece ser convertida en sentina para que individuos convictos por crímenes de lesa humanidad, pretendan erigirse como jueces o fiscales en improvisados tribunales mediáticos. Hasta ahí no se debería llegar.