La cancelación de 23 familiares de senadores insertos en la nómina de empleados de ese hemiciclo debería convertirse en el punto de partida para erradicar un extendido nepotismo que ha infectado a la administración pública.
Al anunciar los despidos, el presidente del Senado, doctor Reinaldo Pared Pérez, ha dicho que el departamento de Recursos Humanos continuará con la revisión de la nómina a los fines de detectar otros parientes de legisladores para proceder a su inmediata sustitución.
Se resalta como altamente positiva y responsable la acción emprendida por el doctor Pared Pérez, pero se advierte que apenas ha tocado la rabiza de un escándalo mayor, como es la asignación de millones de pesos para uso a discresión de los senadores en alegados planes sociales.
Lo que se ha denominado como El Barrilito constituye una alegre forma de dispendio de recursos públicos, sin una cabal fiscalización ni ponderado estudio de impacto que tendría en la población la erogación de esos fondos.
Se afirma que cada uno de los 32 senadores recibe unos 600 mil pesos mensuales para ser usados en planes sociales en sus respectivas demarcaciones, lo que supone una erogación global de 19.2 millones de pesos, pero en adición a esa suma el Senado gasta 17.3 millones de pesos mensuales en pago de empleados al servicio de esos legisladores.
Es por eso que se reclama a la presidencia del Senado que al menos supervise el uso y destino de unos 438 millones de pesos anuales que se destinan a las oficinas senatoriales en fondos líquidos y pago de nómina y locales.
Cortar de cuajo el nepotismo que afloró en la Cámara Alta constituye un buen primer paso hacia un anhelado estado de transparencia y ética, pero es menester que la labor de limpieza se extienda hasta el barrilito.
El Senado se convertiría en el mejor referente de decencia, si además de cancelar a esposas, hermanos, cuñados, padres, tíos e hijos empleados por senadores, ausculte ese barril sin fondo, piedra de mayúsculo escándalo.
El Nacional
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