La Ley de Responsabilidad Fiscal procura garantizar, entre otros compromisos, que el crecimiento del gasto público se sitúe a una tasa equivalente a la inflación esperada, más 300 puntos básicos y que el endeudamiento público no sobrepase al año 2035 un 40 % en proporción al Producto Interno Bruto (PIB).

Ese estatuto, recomendado por la mayoría de los organismos multilaterales, evitaría un desplome fiscal y consolidaría el nivel de confianza de los inversionistas, al enviar una señal de que las finanzas públicas se manejan de manera ordenada según plantea el ministro de Hacienda, Jochy Vicente.

La garantía de crecimiento de la economía dominicana debe sostenerse en un nivel de presión fiscal cercano al promedio de la región que alcanza un 21 % en proporción al PIB y un gasto público con vocación a presentar un superávit primario.

De la misma manera se advierte que no sería posible en el tiempo ajustar crecimiento económico, bajo ingreso fiscal, elevado gasto público y creciente endeudamiento, por lo que se requiere que el Congreso apruebe la Ley de Responsabilidad Fiscal para poder conciliar esos factores.

Ya se sabe que con una presión fiscal de poco más del 14 % no sería posible conseguir superávit presupuestario porque no hay forma de reducir el gasto público para conseguir equilibrio con el ingreso, por lo que habrá déficit fiscal y mayor endeudamiento.

Ante esa disyuntiva, el Gobierno ha creado la fantasiosa percepción de que el endeudamiento público se ha reducido de un 60 % con relación al PIB a un 54 %, pero en términos absolutos la realidad es que la deuda ha crecido en más de 24 mil millones de dólares durante la presente gestión.

No se miente si se afirma que el endeudamiento se ha reducido en términos relativos, pero se incrementa el pago del servicio de la deuda pública expresado en el Presupuesto General del Estado, que este año se sitúa en un 27 % en relación a los ingresos.

El Gobierno sólo dispone del gasto y del endeudamiento para ejecutar un presupuesto, cuyo déficit primario se acerca al 3 % en proporción al PIB, con la difícil disyuntiva de reducir el nivel de inversión o elevar el endeudamiento. Todos los caminos conducen a una reforma fiscal.