Se estima en más de 100 mil el número de abortos que cada año se producen en nuestro país. Las mujeres abortan por causas muy diversas, y van a seguir haciéndolo aunque el fin sea la cárcel o la muerte.

Lo que debaten nuestros congresistas desde décadas, no es si las mujeres aborten o no, sino en que momento y en cuales condiciones, un numero pequeño de ellas, podrá acceder a una atención segura para la interrupción del embarazo, atendiendo a tres causales que la mayoría damos como válidas.

Países como Uruguay, México, Cuba, Puerto Rico legalizaron la interrupción voluntaria del embarazo, antes de las 14 semanas, atendiendo solo a la solicitud de la mujer, independientemente de la causa.

Argentina también va en esa dirección. Hay testimonios, estadísticas, argumentos y evidencia científica, de que en los países donde el aborto es legal, seguro y gratuito, disminuye su frecuencia, entre otras cosas porque el estado se involucra más en promover políticas publicas como educación sexual en las escuelas y acceso a los medios reproductivos.

La jerarquía de las iglesias, quebrantan la supuesta laicidad del estado, chantajeando a nuestros congresistas quienes prefieren aferrarse a sus cargos dando continuidad a políticas y códigos anticuados, sin importarles el número de mujeres pobres que mueren, quedan con secuelas permanentes o traen al mundo hijos que crecen sin dignidad por el no acceso a una buena alimentación ni educación.
Legalizar no es obligar, es entender que no todos los embarazos son deseados ni todas las mujeres están en condiciones de hacerse cargo de un hijo, aquellos que por convicciones religiosas no estén de acuerdo con el aborto, pues que no lo hagan, pero no es justo quitar a las otras mujeres el derecho a decidir.

Es el Estado quien tiene que garantizar que todas estas mujeres puedan acceder a una atención segura y gratuita.

Votar por la despenalización del aborto, es adecuar nuestro marco jurídico a los compromisos internacionales asumidos por el país. La comunidad internacional también está observando una legislación que es contraria a los derechos humanos de las mujeres.

No existe justificación alguna para amenaza con la cárcel a una mujer o niña por no seguir adelante con un embarazo que amenace su vida, o que sea producto de una violación o incesto.