La Junta Central Electoral (JCE) no debería ceder ni un centímetro en su propósito de retener recursos económicos que la ley acuerda entregar a los partidos hasta que pongan sus cuentas claras en relación a irregularidades en el manejo de esos fondos detectadas en veintidós auditorias de la Cámara de Cuentas.

Partidos mayoritarios y minoritarios creen que los más de mil millones de pesos que la JCE le distribuye es maná bajado del cielo, que puede usar a su mejor parecer, y no dinero de los contribuyentes cuyo empleo y destino está reglamentado por una ley de orden público.

Jueces de la Cámara de Cuentas presentaron a la Junta un legajo de 22 auditorias, todas las cuales mostraron algún tipo de irregularidad en el uso de los fondos entregados a los partidos, situación que requiere ser esclarecida sin ningún dejo de ocultamiento.

Es por eso que se saluda la decisión de la JCE de no entregar ni un centavo a partidos políticos que no concilien su contabilidad con las notas negativas expuestas por la Cámara de Cuentas, porque líderes y dirigentes deberían entender que es su obligación garantizar el buen uso de esos fondos, a pena de confrontar la ley penal.

El Estado aporta dinero público a los partidos políticos con el propósito de fortalecer la democracia y evitar que esas instituciones reciban dinero de sectores interesados en ejercer indebida influencia en los gobiernos, pero nunca para ser empleados en cherchas politiqueras o para beneficios de bolsillos particulares.

El presidente de la Junta, doctor Roberto Rosario, ha advertido que ningún partido político recibirá fondos públicos hasta que se actualicen y organicen sus libros contables, pero es menester agregar el compromiso de explicar el uso y disfrute de centenares de millones de pesos entregado durante el pasado reciente.

Como para que no aleguen ignorancia, la JCE anunció que entrenará a delegados políticos en técnica de manejo y control de fondos públicos y también distribuirá una aplicación informática con todos los instrumentos necesarios para que lleven una correcta contabilidad.

Las autoridades electorales deberían también remitir a los partidos ejemplares del Código Penal, Código Procesal Penal y de la Ley Anti lavado, a los fines de que sean notificados sobre las consecuencias de incurrir en alguna infracción criminal.