El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ debería recoger expresiones vertidas con más enojo que comedimiento, como la de advertir que no mendigará un aumento del presupuesto a la institución y que la sociedad no podría exigir una buena administración de justicia.

Al doctor Mariano Germán le asiste razón al señalar que las funciones se ejercen con dignidad, pero se equivoca cuando afirma que no tiene que pedir un incremento en la partida asignada a la SCJ en la Ley de gastos públicos correspondiente al 2015.

El magistrado Germán, en su condición de titular de la Suprema Corte, tiene deber y obligación de procurar o exigir de los poderes Ejecutivo y Legislativo una provisión de recursos que ayude a garantizar eficiente y sana administración de justicia en todas las jurisdicciones de justicia.

Argumentos como el expuesto por el doctor Germán, de que la carencia de recursos ha impedido nombrar al 50% de los jueces de paz que requiere el servicio judicial, son más que suficientes para emprender una cruzada en procura de que se dote a la SCJ de un presupuesto digno.

Lo que resulta incompatible con la altísima investidura que ostenta el magistrado Germán, es su señalamiento de que no “mendigará” un aumento en la asignación de la Suprema Corte, así como su advertencia de que quienes exigen una buena administración de justicia no podrán quejarse.

El Congreso tendrá que poner atención a la afirmación del doctor Germán, de que con los cinco mil 222 millones de pesos consignados al Poder Judicial en el Presupuesto 2015, no se podría suplir siquiera las necesidades básicas de esa instancia.

Las quejas externadas por el presidente de la SCJ tienen ribetes de dramáticas, al afirmar que carece de recursos para nombrar un abogado o una secretaria, adquirir equipos, reparar edificios que albergan locales que alojan tribunales de justicia, algunos de estos operan dentro de furgones de carga.

Aun así, el presidente de la Suprema Corte de Justicia no puede ni debe renunciar a su obligación de gestionar más recursos para el Poder Judicial, ni mucho menos advertir que la sociedad no podría quejarse por potenciales deficiencias en la administración de justicia. Ni una cosa ni la otra.