El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, reiteró este lunes las denuncias de irregularidades y corrupción que ha hecho contra el presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y negó que exista una campaña de descrédito orquestada en su contra.

Surún Hernández lamentó las declaraciones ofrecidas por Henry Molina, y dijo que en lugar de responder y explicar con pruebas de manera puntual a las acusaciones bien fundamentas por el gremio, acudió a la mentira y la infamia, jugando con la inteligencia de los medios de comunicación y de la sociedad.

Las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados surgen luego de que el CPJ denunciara la existencia de una campaña de descrédito contra esa institución y su presidente Henry Molina.

El presidente del Colegio de Abogados dijo que las declaraciones del CPJ no respondieron ni aclararon con pruebas las denuncias que él ha sustentado de corrupción e irregularidades a lo interno del sistema de justicia, sino que acudieron a la mentira e infamia jugando con la inteligencia de los medios de comunicación y de la sociedad.

Dijo que es mentira que exista una campaña de descrédito contra el alto órgano judicial ya que el descalabro y caos imperante en la Justicia no solo ha sido confirmado por los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino por once magistrados entre ellos uno del Tribunal Constitucional y la propia sentencia de amparo del Tribunal Superior Administrativo.

Se preguntó si acaso esos jueces, son entonces, parte de la campaña de descrédito.
Afirmó que el Consejo del Poder Judicial no respeta la Ley de Carrera Judicial, ni la independencia judicial, y dijo que prueba de eso lo es la creación de doce “jueces coordinadores”, cargo que no existe en el escalafón judicial y usurpan las funciones de más de 30 presidentes de Cortes.

En tal sentido, reiteró que a los jueces se les ha despojado de sus funciones, para iniciar con la eliminación de la especialidad jurisdiccional obligando a jueces de distintas materias a conocer todos los procesos, lo que en el Departamento Judicial de la Vega generó la renuncia de la juez Odri Reyes Núñez.

A esto se le agrega la creación del Gabinete Técnico del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con un gerente por cada sala para mejorar los fallos, con poder para distribuir los procesos.