SANTO DOMINGO.—El eco de una alerta Amber internacional retumbó en los pasillos de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde ayer por la tarde la jueza Fátima Veloz dictó tres meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Torres Hernández, alias Kevin León Wooden o Shaban Kuka, acusado de secuestrar y traer al país a una menor de apenas cuatro años, usando para ello identidades y documentos falsos.

El rapto y la huida

La víctima, separada violentamente de su madre biológica en Guadalajara (Jalisco, México) cuando apenas tenía 11 meses, había sido custodiada por Torres Hernández —pareja sentimental de la madre y supuesto padre, sin registro oficial que lo amparara—. Bajo la fachada de un “viaje familiar”, el hombre cambió a la niña de identidad y la trasladó clandestinamente a República Dominicana, donde la presentó como su hija “oficial” junto a la coimputada Viviana Villarreal Cambero, quien figura como madre legal en los documentos adulterados.

El rescate final

Tras meses de intensa pesquisa —coordinada por la Dinnaf, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Interpol Santo Domingo—, el 24 de julio de 2025 un allanamiento en un inmueble de la capital culminó con el rescate de la menor y de otros dos niños (de 1 y 11 años) hallados en condiciones de abandono: sin alimentación ni supervisión adecuada.

La audiencia de coerción

En la audiencia, la procuradora Shirley Aurich y el fiscal José Ramón Martínez detallaron al tribunal cómo Torres Hernández y Villarreal Cambero urdieron un entramado de violación de derechos fundamentales: suplantación de identidad, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Se incautaron copias de los pasaportes falsos y declaraciones de testigos que confirmaron el cautiverio de la menor.

Además de la prisión preventiva para Torres Hernández, Villarreal Cambero enfrentará una garantía económica de RD$800 000, impedimento de salida y presentación periódica.

Cargos y próximos pasos

Los acusados responderán por violaciones a múltiples artículos de la Ley 136-03 (Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), la Ley 137-03 (Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas), la Ley 155-17 (Lavado de Activos) y el Código Penal. Los cuerpos de investigación continuarán recabando pruebas para completar el expediente, mientras la niña ha sido restituida al cuidado de su madre biológica en Colombia, conforme al registro oficial.

Este caso, cargado de audacia criminal y de un rescate tardío, expone una red de engaños que cruzó fronteras y reviste al proceso judicial de matices casi cinematográficos: una niña arrancada de su hogar, una falsa paternidad y, finalmente, la acción coordinada que la devolvió a su verdadera familia.