Al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se le atribuye afirmar que “lo más urgente es frenar las condiciones de migración voluntaria o involuntaria de haitianos”, porque tiene un impacto de dimensión social en Haití, con lo cual se procura impedir que República Dominicana ejerza su derecho soberano al control migratorio.

Lo que plantea el señor Luis Almagro como tarea urgente de la OEA es obligar al Gobierno dominicano a violar la Constitución de la República y la ley de Migración, para que permanezcan en territorio nacional miles de extranjeros indocumentados.

Aunque el secretario de la OEA reconoce que las autoridades han concedido residencia legal a casi 400 mil indocumentados ilegales, inscritos en el Registro Nacional de Regularización Migratoria, ahora pretende que no disponga repatriaciones y que impida que ciudadanos haitianos intenten retornar a su país de manera voluntaria.

En una entrevista reciente ofrecida a la periodista Patricia Janiot, de la cadena estadounidense CNN, Almagro dijo que la OEA promoverá un encuentro simultáneo con delegaciones dominicana y haitiana para procurar una salida al tema de la “migración voluntaria o involuntaria de haitianos”.

Una prerrogativa soberana e irrenunciable como el derecho de un Estado a imponer control migratorio y repatriar a extranjeros indocumentados, es reducida por el secretario de la OEA a un simple “problema de carácter jurídico y político”, que se resolvería si República Dominicana abdica a su soberanía.

El drama haitiano no se resuelve ni se alivia por el hecho insólito de que se obligue a República Dominicana a almacenar en su territorio a una población de indocumentados haitianos, sino con una sostenida asistencia económica, técnica, jurídica e institucional de la comunidad internacional.

Si el problema de esa nación se resuelve por vía de una migración inducida o con el impedimento del retorno voluntario de sus ciudadanos, entonces naciones como Estados Unidos, Canadá, Francia y otras, deberían acoger varios cientos de miles de indocumentados.

República Dominicana ha sido, es y será una nación solidaria con sus vecinos, pero ningún poder sobre la Tierra puede obligar a este país a violar su Constitución política y sus leyes adjetivas, como pretende el secretario general de la OEA, en inexcusable rol de agente imperial.