Nuevamente, los sectores preocupados por la protección de la soberanía nacional e Independencia, se muestran alarmados por la gran cantidad de niños haitianos que alumbran las parturientas en los hospitales públicos, y son inscritos como dominicanos en oficialías del Estado Civil, cuando deben ser anotados en el libro de extranjería de la Junta Central Electoral, toda vez que sus madres están en tránsito en el país o son ilegales , como lo disponen varias leyes adjetivas y una histórica sentencia del Tribunal Constitucional.

Y otra situación preocupante, se presenta con los alumnos haitianos que su población está por encima de los nacionales en decenas de centros educativos, un indicativo que estanos perdiendo nuestro país de manera lenta, pero continua, sistemática y permanente, lo que obliga al Estado asumir una política drástica de deportación masiva, sin miramientos a los cuestionamientos de organismos internacionales, pues somos soberanos en la aplicación de la política migratoria.

De conformidad con la Constitución, el Estado está obligado a proteger los derechos de los dominicanos en varias áreas específicas, principalmente en educación y salud, y desgraciadamente, ambas prerrogativas, son vulneradas por el gasto destinado a los haitianos en el presupuesto nacional, en desmedro de los criollos que requieren de esos servicios y tienen que recurrir a las entidades privadas.

¿Qué hace la dirección de Migración con las numerosas mujeres embarazadas que abarrotan los centros de salud del Estado? ¿Y luego que paren sus infantes, por qué no interviene ese organismo para deportar a las ilegales juntos con sus criaturas? Dado la pasividad e indiferencia de las autoridades que tienen que ver con el control de inmigrantes, es pertinente buscar soluciones que garanticen nuestra identidad y nuestro destino como pueblo, pues estamos perdiendo el territorio por fragmentos

Sin embargo, la JCE ante la irregularidad de inscribir hijos de haitianos ilegales como dominicano, ordenó una minuciosa y exhaustiva investigación, advirtiendo que ese órgano es fiel garante de la soberanía y las demás características que nos identifican como nación y que el pleno está comprometido a cumplir con la Carta Magna, leyes y sentencias judiciales para resguardar la nacionalidad dominicana.